Amnistía Internacional México (AI), junto con 200 organizaciones sociales de Yucatán, acusaron falta de acceso a información sobre las implicaciones sanitarias en la construcción del Tren Maya, ante la pandemia de coronavirus covid-19.

En un comunicado, la AI indicó que han pedido al gobierno federal información sobre las implicaciones sanitarias, debido a que existe el riesgo de contagio en las comunidades aledañas, por la aglomeración de trabajadores en la zona de obra.

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“AI expresa su preocupación por la falta de acceso a la información relacionada con las medidas adoptadas por el Estado mexicano para prevenir contagios por covid-19, en la zona donde se construye el Tren Maya.

“Hay limitaciones al acceso a la información y al acceso a la justicia que pueden obstaculizar que las personas que defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio en el sureste del país, desarrollen su legítima labor”, aseguró la directora Ejecutiva de AI, Tania Reneaum Panszi.

Advirtió que la obra no cuenta con un estudio sobre las implicaciones sanitarias en la región con la presencia de la pandemia, además de que continúa la construcción, pese a que no es un actividad esencial.

“Dicho estudio, al igual que el de impacto ambiental, están considerados en el derecho ambiental internacional.

“En el contexto de la emergencia sanitaria, el Estado mexicano decidió continuar la construcción de megaproyectos, entre ellos el Tren Maya, pese a no ser una actividad esencial”, destacó.

En el documento, reconocieron que la falta de información a las poblaciones podría ser ocasionada por la “suspensión del cómputo de plazos para la práctica de actuaciones” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tras el decreto de emergencia sanitaria.

Sin embargo, aseguró que “los estados, deben cuidar que las medidas para frenar la pandemia no limiten o supriman el acceso a información pública, ni la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, como sucede con los ambientalistas de ese estado.

“La contención del covid-19 no debe impedir que las personas y grupos puedan expresar sus críticas o desacuerdos con las decisiones de los gobiernos, tampoco dificultar que utilicen los mecanismos legales para expresar su desacuerdo”, afirmó.

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