El pleno del Senado aprobó
en lo general reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas,
para inhabilitar de forma temporal o definitiva a servidores públicos y
particulares por actos de corrupción en el manejo de finanzas públicas, lo que
se conoce como “muerte civil”.
La iniciativa fue avalada con 110 votos a favor y sin ninguno
en contra, ahí se establece que para responsables de faltas administrativas
graves, la sanción sería la destitución e inhabilitación temporal o definitiva
para desempeñar empleo, comisión o cargo público.
Esta inhabilitación impediría a los responsables participar
en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de
prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de
bienes de dominio de la Federación.
En el caso de inhabilitación temporal será cuando el monto de
la afectación no rebase las 200 veces el valor de la Unidad de Medida y
Actualización (UMA). En el caso de la inhabilitación definitiva se dará cuando
se rebase las 200 veces el valor de la UMA.
