Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional interino de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) planteó la necesidad de reformar la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para combatir a las empresas fantasmas y la corrupción en el sector público vinculado a esta actividad. 

Su propuesta busca que las personas físicas con actividad empresarial, así como las personas morales, federación, Ciudad de México, estados, municipios y sus organismos descentralizados, retengan y enteren parte del IVA causado en la contratación de servicios. 

Te puede interesar: “La política de Salud en México no funciona”: Asa Christina Laurell

Ello, tras denunciar que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el principal cliente de la facturación falsa era el sector público y en él estaban involucrados gobernadores, instituciones educativas y dependencias del gobierno. 

“El principal cliente de la facturación falsa era el sector público, pues operaban con un esquema de múltiples servicios que servían de fachada para la defraudación fiscal a través de empresas fantasma y facturas falsas. En el sexenio de Enrique Peña Nieto estaban involucrados gobernadores, instituciones educativas y muchas dependencias del sector público”. 

El dirigente morenista y diputado federal con licencia, aclaró que los servicios que presten integrantes del sistema financiero, así como a los servicios de agua potable, suministro de energía, mensajería, hospedaje, restaurantes, telefonía, internet y todos aquellos servicios de alta demanda, quedarían excluidos de dicha obligación. 

Junto con la regulación ya existente, esta propuesta contribuiría a eliminar los incentivos para la compra y venta de facturas falsas sin incrementar la carga fiscal de los contribuyentes. 

Señaló, según con datos del SAT, que alrededor de 1.6 billones de pesos han sido facturados por las más de 8 mil 200 empresas publicadas en términos del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, como emisoras de comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas. Estos recursos podrían entrar a las arcas del estado y contribuir al financiamiento de programas sociales. 

Publicidad