La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, informó que -de acuerdo con el INEGI- el costo derivado de los actos de corrupción en la realización de trámites o acceso a servicios ascendió a 7 mil 200 millones de pesos.
Durante el Foro Nacional Planeando Juntos la Transformación de México, la funcionaria destacó que la corrupción es uno de los retos más relevantes que enfrenta actualmente nuestro país.
Señaló que el costo por actos de corrupción en el que incurrieron las empresas durante 2016 está estimado en mil 600 millones de pesos y resaltó que el 86 por ciento de la población opina que el desempeño del gobierno federal ocurre en espacios de corrupción.
Diana Álvarez Maury recordó que México se ubicó en la posición 138 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción 2018 de Transparencia Internacional.
Afirmó que el proceso para efectuar tramites gubernamentales es uno de los principales detonadores de corrupción y detalló que durante 2017 se registraron 3.1 millones de personas que entregaron sobornos que ascendieron a 7 mil 218 millones de pesos para gestionar algún trámite.
La funcionaria indicó que ese mismo año la tasa de incidencia de corrupción fue mayor que la incidencia delictiva de robo en calle, mientras que la proporción de denuncias por estos actos es muy baja.
Finalmente, la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos advirtió que la corrupción ha minado el Estado de derecho y propiciado inseguridad, injusticia e incapacidad para garantizar los derechos fundamentales.
Resaltó que es necesario diseñar, formalizar y utilizar diversas herramientas de evaluación y seguimiento de la corrupción, a fin de sistematizar indicadores y atender las causas de raíz.
