La Comisión de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Diputados, dejó en suspenso la aprobación de un punto de acuerdo presentado por la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a través del que se solicita la cancelación de todo contrato con la constructora brasileña Odebrecht, involucrada en casos de corrupción como el pago de sobornos a funcionarios de PEMEX, a fin de obtener contratos ventajosos.

Durante la reunión de ese organismo, las legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN), Teresa Lizárraga y Lourdes Alfaro; y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya, pidieron modificar el acuerdo, al considerar que el Legislativo no puede invadir funciones de autoridades estatales ni pedir la cancelación de los contratos con la polémica empresa.

“No podemos nosotros de forma responsable, solicitar la cancelación de contratos, si no conocemos los términos e esos contratos y las implicaciones jurídicas que pueden tener para los estados. Lo que si debemos hacer, es que se nos informe con minuciosidad de las investigaciones que se hayan realizado del contenido de esos contratos, y si existen irregularidades que se realicen las acciones jurídicas correspondientes, también tenemos que cuidar el interés de los estados”, dijo la diputada Lizárraga.

En defensa de su propuesta, la coordinadora de MORENA, Rocío Nahle hizo un recuento sobre la serie de irregularidades en la entrega de contratos al consorcio brasileño, cuya operación ha sido cancelada en distintos países de América Latina, debido al grado de corrupción en que ha incurrido y los pagos millonarios con cargo al Estado.

“No podemos seguir consecuentando a un delincuente, el tema es muy profundo, es una corruptela tremenda. Si ustedes dicen, a ver, vamos a revisar las concesiones, vamos a revisarlas. Pero tenemos que actuar como mexicanos, es una vergüenza que no lo hagamos. Se ha llegado a absurdos con este señor que es un corrupto de primera, pero que encontró aquí un nicho de corrupción tremendo”, exclamó.

Asimismo, la Comisión aprobó un dictamen con reformas a la Ley General de Responsabilidad Administrativas, con el fin de especificar las conductas irregulares en cuanto al uso indebido de la información a la que tienen acceso funcionarios públicos.

La propuesta de diputados de MORENA y del Partido Nueva Alianza (PANAL), señala que incurrirá en utilización indebida de información quien tenga acceso a la misma o la custodie, y la aproveche con fines distintos a los establecidos en la ley.

Aquel que sustraiga, destruya, oculte, utilice, inutilice o comparta con terceros información a su cargo, será sancionado. Los funcionarios que hayan incurrido en estas faltas y hayan terminado su encargo, podrán ser sancionados durante un plazo de cinco años.

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