Tras el allanamiento del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa a la extradición, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, aseguró que podría ser trasladado a México entre el 10 y 12 de julio próximo e ingresado al Reclusorio Norte, aunque este no sería el lugar definitivo de reclusión.

En entrevista con José Cárdenas, el funcionario de la PGR precisó que el próximo 4 de julio será la audiencia relacionada con la solicitud formal de extradición respecto de los dos delitos del orden federal que fue el motivo por el que el pasado 15 de abril se solicitó la detención provisional que en esa misma fecha fue ejecutada.

Javier Duarte podría ser trasladado de Guatemala a México entre el 10 y 12 de julio próximo e ingresado al Reclusorio Norte, dijo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.

En ese sentido, precisó que los delitos federales atribuidos son delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero o de activos.

Precisó que delincuencia organizada en términos del nuevo sistema penal acusatorio adversarial corresponde a los delitos que establece la Constitución con prisión preventiva oficiosa y en este sentido, en el caso que el próximo 4 de julio Duarte de Ochoa se allanara a este procedimiento de extradición y una vez que sea entregado a las autoridades de México para que enfrente la justicia, será presentado ante el juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte y tendrá que llevar su procedimiento privado de la libertad.

En lo que corresponde al delito de manejo de recursos de procedencia ilícita dijo que no es un delito grave y que no requiere prisión preventiva oficiosa, sin embargo en términos del propio sistema es posible que pueda permanecer recluido en función de la argumentación que el Ministerio Pública realice ante el juez.

 

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