El choque entre instituciones ha sumido a Perú en una profunda crisis política. El pulso entre el presidente, Martín Vizcarra, y el Congreso, dominado por una mayoría opositora, se precipitó la noche del lunes. El bloqueo del Parlamento llevó al mandatario a disolverlo y a convocar nuevas elecciones legislativas. Lo hizo invocando un mecanismo previsto por el artículo 134 de la Constitución, que se puede activar cuando la Cámara rechaza considerar dos proyectos de ley del Gobierno. Las tres Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se alinearon con Vizcarra mientras la bancada fujimorista y sus aliados de la derecha votaron suspender al presidente. La vicepresidenta, Mercedes Aráoz, ha anunciado en la noche de este martes su dimisión como sustituta de Vizcarra.
La decisión de Vizcarra buscaba, en la sustancia, una salida a los intentos de la oposición de elegir más magistrados afines del Tribunal Constitucional y controlar dicha instancia. Se produjo, además, después de meses de bloqueo de facto del poder legislativo. Sin embargo, las fuerzas opositoras no acatan el cierre del Congreso y llegaron a calificar la medida de “golpe de Estado”, en palabras del presidente del Congreso, Pedro Olaechea.
La urgencia de las bancadas de Fuerza Popular y del Partido Aprista de asegurarse la mayoría de votos en el Constitucional se debe a que sus principales líderes son investigados por dos grandes casos de corrupción. El primero, vinculado a pagos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht, por fondos de campaña y sobornos. Y el segundo, relacionado con una trama ilegal que operaba en el sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto.
Keiko Fujimori, la líder de la oposición, está en prisión preventiva desde octubre de 2018 mientras es investigada por lavado de dinero como consecuencia de los sobornos de Odebrecht a su campaña electoral de 2016. La defensa de Fujimori espera una decisión del Constitucional para anular dicha prisión preventiva, pero también la oposición prevé acudir a ese tribunal para sortear las investigaciones fiscales y seguir haciendo política.
El Ejecutivo planteó el lunes al Congreso una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley. Se trataba de añadir a una norma existente los criterios de transparencia, pluralidad y participación ciudadana en la selección de candidatos al Constitucional, ya que la oposición invitó a 11 postulantes —10 de ellos afines— a formar la terna que luego iba a ser votada en el pleno. El Parlamento, sin embargo, no votó la cuestión de confianza y sometió al voto la elección de magistrados. Logró nombrar a uno, por ello horas más tarde Vizcarra dio por rechazada la confianza, anunció la disolución del Legislativo y la convocatoria a elecciones.
Movilizaciones ciudadanas llenaron las calles de 15 ciudades para respaldar la decisión del presidente. Sin embargo, sus rivales no se dieron por vencidos y ya entrada la noche el presidente del Congreso nombró como “presidenta en funciones” a la vicepresidenta Aráoz. Antes de eso, destituyeron al mandatario a través de una moción calzada a última hora. En la práctica, la Cámara acordó suspender en funciones a Vizcarra: envió el documento de suspensión a Palacio de Gobierno, pero este no fue recibido.
La mañana del martes Olaechea informó de que la oposición realizaba consultas legales sobre los pasos a seguir. “Por el momento soy presidente de la comisión permanente”, manifestó. Según la Constitución dicho órgano permanece activo hasta que sean elegidos los nuevos congresistas. Según el decreto de disolución publicado anoche por el diario oficial, los comicios se realizarán el 26 de enero.
Vizcarra ya había advertido la noche del domingo de que cabía la posibilidad de una disolución del Legislativo. La Defensoría del Pueblo señaló que la interpretación de la ley hecha por el jefe del Gobierno “se aleja de la Constitución”, dado que en el pleno no se llegó a realizar la votación contra la cuestión de confianza, sino que tan solo se planteó.
Pasadas las 10 de la noche del lunes, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto y el director general de la Policía Nacional se reunieron con Vizcarra para darle su respaldo y difundieron un comunicado en el que lo reconocían como “jefe supremo” de dichos organismos, es decir, un refrendo de su autoridad. La primera reacción de una entidad multilateral sobre la crisis política en Perú ha sido la de la Organización de Estados Americanos. “Es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en quien radica la soberanía de la nación. Es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”. Pero la OEA espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie “respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución”.
Mientras en Perú continúa una batalla de opiniones acerca del nuevo escenario político, Vizcarra ha nombrado como nuevo presidente del Consejo de Ministros a Vicente Zeballos, quien es congresista del partido de Gobierno, era el ministro de Justicia y uno de sus más importantes consejeros políticos.
En las próximas horas el jefe de Estado tomará juramento a algunos nuevos ministros. Está confirmado que quienes se desempeñaban como canciller y ministro de Economía, Néstor Popolizio y Carlos Oliva, no se reincorporarán al gabinete pues estaban en desacuerdo con el cierre del Parlamento, y son afines a la mayoría opositora.
La decisión de Vizcarra ha seguido sumando adhesiones el martes como, por ejemplo, de la Asociación de Municipalidades del Perú que considera que se requería la medida «ante el espíritu sistemático de obstrucción del Congreso». Asimismo, en un comunicado la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales señaló que el presidente «ha hecho uso de su prerrogativa constitucional».
El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo se desmarcó del comunicado institucional y planteó que «la disolución del Congreso se encuentra dentro del marco constitucional». Ante los respaldos, la tarde del martes la vicepresidenta Aráoz rebajó significado al acto que protagonizó el lunes en el Congreso, y finalmente por la noche ha renunciado a su cargo.
«No, lo que hice fue básicamente un acto político. Tuve que ser prudente en mis acciones de ese momento. Lo que intenté hacer fue decir que podemos resolver las diferencias mediante el diálogo», declaró a la BBC. Horas después, difundió por Twitter una carta dirigida al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, en la que argumenta que «no hay las condiciones mínimas» para ejercer como presidenta en funciones y renuncia al cargo que ejercía desde julio de 2016.
