El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por el chavismo, anunció este lunes la apertura de un juicio penal en contra de cuatro diputados opositores formulando contra ellos acusaciones de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública y continuada a la desobediencia de las leyes y el odio. Se trata de Jorge Millán, de Primero Justicia; Luis Stefanelli, de Voluntad Popular; Hernán Alemán, de Acción Democrática, y Carlos Lozano, independiente.

Los cuatro legisladores, como otros 30 que ya están en el exilio, son investigados por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril, en el cual se produjo un alzamiento de efectivos militares acompañados por Leopoldo López y Juan Guaidó, neutralizado en su momento por fuerzas leales a Maduro.   

Aquel procedimiento fue justificado por sus organizadores como un intento por romper la usurpación de funciones planteada con la presencia en el poder de Nicolás Maduro y el resto de los miembros del Estado bolivariano, luego de los cuestionados comicios presidenciales del 20 de mayo de 2018, que han sido desconocidos por las principales instancias de la comunidad internacional.

La medida del Supremo venezolano en contra de estos diputados se consuma en un momento en el cual Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, maniobra con intensidad para retener los votos necesarios que garanticen su reelección frente al poder legislativo, el único que es reconocido en el exterior por su legitimidad de origen.

Durante estas dos semanas, Guaidó ha debido atender una compleja crisis política en sus propias filas, y ya comienzan a ser frecuentes las voces de dirigentes conocidos que le cuestionan por la ausencia de resultados de su política frente a la presidencia interina. Aunque todo indica que Guaidó retendrá el mandato dentro de la Asamblea en la nueva elección de autoridades planteada para el venidero 5 de enero, en las filas opositoras hay preocupación por la agresiva maniobra que adelanta el chavismo para rebanar su mayoría desde todos los frentes. A la judicialización de estos diputados se espera que se concreten nuevas medidas similares. En los corrillos legislativos cunde la mortificación y abundan versiones que dan cuenta de un premeditado proceso de compra de votos orquestado por el Estado chavista con ingentes cantidades de dinero.

Se están haciendo señalamientos específicos contra algunos de los diputados acusados de corrupción en la Comisión de Contraloría que son en este momento investigados por un comité especial designado por Juan Guaidó. La resolución del TSJ fue adoptada con ponencia de la magistrada Mónica Misticchio, quien plantea en su tesis que la “comisión flagrante” de estos delitos exime al tribunal del procedimiento del antejuicio y suspensión de la inmunidad parlamentaria, descansando el enjuiciamiento de estos legisladores en los tribunales ordinarios.

El Supremo venezolano ofrece de esta manera respuesta a la solicitud del fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, quien ha solicitado públicamente un proceso judicial contra estos y otros diputados opositores por sus posiciones políticas y conducta durante este año. Mientras esto sucedía, el ministro de Comunicaciones y Cultura, Jorge Rodríguez, ha presentado nuevas acusaciones de terrorismo y rebelión en contra de Guaidó y Leopoldo López

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