El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que en un plazo no mayor de 60 días se judicializará el caso Odebrecht, bajo la premisa de que “fue una maquinación delictiva”.

En el marco del informe sobre sus primeros 100 días al frente de esta institución, destacó que el caso es tan grave para la imagen del país y para su respetabilidad, que por ello se ha tenido que reponer en buena parte ese procedimiento, con base a la información recopilada recientemente; insistió en que se habrá de judicializar en 60 días y se le aplicará la normatividad en materia de delincuencia organizada.

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Detalló que, en lo que va de la presente administración, se han judicializado más de 400 casos, con más de 620 detenidos por presuntas irregularidades en la función pública. 

Dijo que el Gobierno federal y sus organismos han presentado 12 mil 700 denuncias por actos de corrupción que se han atendido de inmediato. Las dependencias que han sido las principales denunciantes son:

  • CFE
  • Pemex
  • Secretaría de Seguridad y protección ciudadana
  • Secretaría de Hacienda
  • Consejería jurídica del Ejecutivo federal

Reducción de nóminas de alto nivel

En cuanto a estructura administrativa, explicó la revisión general de 26 mil plazas autorizadas para canalizar la mayor parte de ellas al apoyo a víctimas y ofendidos, además de la reducción en la nómina de 1000 plazas de alto nivel que estaban injustificadas. 

Esta revisión a la estructura administrativa, dijo, ha permitido ahorros importantes. 

…Con ello se ha logrado hasta la fecha economías por 364 billones de pesos comparado con el mismo período del año 2018″.

Reducción de flota aérea

Habló también de una reducción en la flota aérea de 74% ante manejos injustificados en la administración anterior y la revisión de contratos millonarios en vehículos blindados a fin de determinar si hubo irregularidades.

  • Esta supervisión incluye los bienes inmuebles a cargo de la FGR.

 Diagnóstico del Ministerio Público

El fiscal habló de un rezago injustificado en más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación. Por ello, revelo parte del diagnóstico de ese órgano:

  • 3 mil averiguaciones previas sin resolver 
  • Menos de 5% de sentencias judicializadas 
  • Hasta 1000 casos asignados a un MP 
  • Más de un año para integrar casos
  • 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas
  • 800 elementos para seguridad de políticos

Para ejemplificar las asignaciones desproporcionadas, señaló que había agentes del MP con hasta 1000 casos y numerosos que no tenían asignada ninguna carpeta o averiguación. Indicó que había atrasos en atención de denuncias con un promedio de integración de los casos superior a un año. 

Policía Federal

La Policía Federal tenía más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y también 28 mil  mandamientos ministeriales. 

Y finalmente, de un número de 4 mil elementos policíacos de investigación en activo para todo el país, unos 800 brindaban protección a funcionarios, exfuncionarios y políticos. 

Avance de casos relevantes

El fiscal general mencionó el avance en cada uno de los casos relevantes que les heredó el pasado Gobierno federal. 

En cuanto a la “estafa maestra”, señaló que debió haberse investigado desde el principio la premisa de colusión y de un interés delictivo coordinado y propositivo para organizar un enorme saqueo concertado, el cual calculó en un daño patrimonial de más de 5 mil 875 millones de pesos que no “cuadran” con solo 23 casos personales, independientes y aislados.

También reportó lo referente a los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa: explicó que la fiscalía propuso al presidente de dicha comisión apoyarse en esa investigación en una tarea conjunta con la Comisión de la Verdad, los padres y familiares de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Explosión en Tlahuelilpan

Finalmente, respecto a la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, dijo que se han realizado, junto a la Fiscalía del estado, 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales y 25 informes de investigación criminal, estableciendo así a los presuntos responsables de la tragedia.  También indagan la posible responsabilidad de trabajadores de Pemex ante la falta de una atención oportuna. 

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