Los partidos políticos tienen al Gobernador “atados de manos” para dar sus 13 propuestas de magistrados en el Poder Judicial y él mismo lo reconoce.
Esto lo declaró el juez Javier Castellanos Chargoy, quien sostuvo que el titular del Ejecutivo le reconoció que están negociando los 13 nombramientos vacantes en el Poder Judicial del Estado.
Castellanos Chargoy es uno de los 20 jueces y ex jueces del Estado, que hicieron público un desplegado para pedir una reunión con el Gobernador este domingo, sin resultados favorables hasta el momento.
Lamentó que se reunió con el Ejecutivo en el municipio de Coatzacoalcos el pasado mes de mayo, junto con un grupo de abogados, audiencia en la que se le pidió respeto a la carrera judicial.
“El Gobernador desafortunadamente no entendió el mensaje; debo comentar que yo me entrevisté con él y no le pedí una magistratura, le dije simplemente que analizara mi currículo y si yo reunía el perfil que me designara.
“Desafortunadamente él respondió en esta forma: que ya sus decisiones estaban tomadas y que el resto era responsabilidad del Congreso, porque él se encontraba atado de manos con los partidos políticos, y así lo refiero porque eso fue una realidad, que estaba atado de manos con los partidos políticos, que tenía que repartir las magistraturas”, aseveró Castellanos Chargoy.
En ese sentido, el juez también criticó que el presidente del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro, afirmara que ya tienen las propuestas del Gobernador, pero no se hayan dado a conocer a la opinión pública, lo que hace evidente que se están haciendo acuerdos políticos.
“No las exhiben porque tienen la intención de sacar las cosas con negociaciones del orden político”, consideró.
El juez rechazó haberse reunido con Cuitláhuac García Jiménez para pedir que lo hiciera magistrado. Dijo que simplemente le solicitó que analizara su currículo, al llevar 27 años en el Poder Judicial y contar con tres maestrías y dos doctorados.
“Pero a él se le hizo fácil decir que había muchos doctorados y maestrías patitos y que además él ya había tomado su decisión”.
Reconoció que la designación de los magistrados es un procedimiento del orden Constitucional que corresponde al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado, ya que los diputados son responsables de avalar las propuestas.
Sin embargo, anunció que en caso de que no se respete la legalidad de este proceso buscará tramitar amparos y acudir a las instancias correspondientes para anular el nombramiento de los próximos 13 magistrados, en caso de que se impongan por cuestiones políticas.
