A partir de hoy, los ciudadanos de Honduras y El Salvador que busquen entrar por tierra de manera legal al país deberán obtener la Tarjeta de Visitante Regional, previo registro de datos biométricos y presentación de documentos oficiales en un proceso similar al que solicita la Embajada de Estados Unidos a los mexicanos para obtener una visa.

El Sol de México adelantó que la nueva cartilla de identidad tendrá una vigencia de cinco años y no se les permite trabajar en el territorio nacional, y sólo podrán transitar libremente por los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no acepta presiones de Washington para encapsular las caravanas de centroamericanos. Y justificó la decisión al explicar que no se busca evitar el paso de los migrantes, sino protegerlos de los llamados coyotes.

Ayer, la Patrulla Fronteriza (CBP) de Arizona, en el sur de Estados Unidos, divulgó un video en el que se observa a un grupo de hombres del lado mexicano de la frontera, fuertemente armados, que ayudan a una madre y a su hijo a cruzar hacia territorio estadounidense.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dejó claro que el Estado mexicano debe garantizar el control y la seguridad de la frontera que conlinda con Guatemala.

El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó “un flujo migratorio inédito”, ya que en el primer trimestre del año cruzaron de manera ilegal la frontera sur 300 mil migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos, y un tercio de esta cifra son menores de edad.

Sánchez Cordero comentó que si bien no se realizó una caravana madre se han registrado “caravanas madrecitas”.

La funcionaria y el canciller Marcelo Ebrard ofrecieron una rueda de prensa conjunta para explicar que el operativo en Pijijiapan, Chiapas, se salió de control debido a que un grupo de personas agredió al personal de control migratorio.

Y afirmó que no hay un cambio en la política migratoria del país, la cual desde la entrada de esta administración se enfoca en los derechos humanos, el desarrollo regional y un registro ordenado por las fronteras del país.

“De lo que nosotros tenemos conocimiento, es que no quisieron registrarse. Nosotros hemos estado insistiendo en su registro porque ellos también deben de respetar las leyes de nuestro país para tener una legal estancia”, advirtió.

El Sol de México buscó a la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, quien argumentó que desconocía los nuevos lineamientos de control migratorio.

La oleada se refleja en los refugios. La casa del migrante Senda de Vida, en Reynosa, Tamaulipas, sobrepasa la población al grado que en la entrada han colocado un letrero que dice: “Estamos saturados No tenemos capacidad”.

Actualmente en el albergue cristiano se encuentran refugiadas 350 personas centroamericanas, de las cuales 50 son niños. Se trata de personas procedentes de Cuba, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, África, entre otros. Organizaciones promigrantes coincidieron en que la política migratoria de López Obrador es contradictoria.

“Tiene un discurso de salvaguardar los derechos humanos, pero sus acciones son realmente violatorias de los mismos.

“Tiene un doble discurso”, afirmó María Fernanda Rivero, de Sin Fronteras.

Y expuso que “no contar con documentos migratorios no es un delito en México. Los migrantes tienen derecho a transitar por territorio nacional”. Sobre la detención de niñas, niños y adolescentes, la vocera de Sin Fronteras, recordó que la Ley en la materia prohíbe su detención.

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