El general brigadier, quien se desempeñó en el sexenio pasado como gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, interpuso un amparo para evitar ser aprehendido.

Una juez federal otorgó una suspensión que frena por el momento cualquier orden de aprehensión, detención o localización, del general Eduardo León Trauwitz, quien es investigado por el gobierno federal por el presunto robo de combustibles de Petróleos Mexicanos.

Días antes se publicó que las cuentas bancarias de Trauwitz y tres militares más de alto rango que estuvieron encargados de la protección de ductos de Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto permanecen congeladas, tras detectarse movimientos irregulares

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El general brigadier, quien se desempeñó en el sexenio pasado como gerente de Servicios de Seguridad Física de Pemex, promovió un amparo para evitar ser aprehendido.

En caso de existir alguna orden de aprehensión donde se le acuse de un delito grave que amerite prisión preventiva, la suspensión no surtirá efecto.

La demanda de garantías quedó radicada en el juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, bajo el número de expediente 83/2019, donde la juez Patricia Marcela Díez Cerda le concedió una suspensión provisional.

De acuerdo con las listas judiciales, la juzgadora le impuso a Trauwitz una garantía de 30 mil pesos.

En los próximos días se podrá conocer, una vez que las autoridades demandadas rindan informes justificados, si existe o no alguna orden de aprehensión contra el general, o en su caso de presentación o localización.

También se dio a conocer que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación contra Trauwitz y compañía por distintos actos ilegales, incluidos la “siembra” de válvulas falsas para ordeña, además de no reportar al ministerio público la localización de ductos saqueados por organizaciones criminales.

Los militares cuyas cuentas fueron congeladas junto con las del general Eduardo León Trauwitz, son el teniente coronel Wenceslao Cárdenas, ex titulares de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE) de Pemex, así como el general de brigada Sócrates Alfredo Herrero, gerente de Seguridad Física de la SSE, y el coronel de infantería Emilio Gosgaya, gerente de Gestión Técnica de la misma área.

De acuerdo con funcionarios federales, hay elementos para determinar que estas cuatro personas incurrieron en delitos relacionados con el apoyo a grupos de huachicoleros que durante años saquearon a Pemex, por lo que ya se integró un expediente con miras a obtener órdenes de aprehensión.

En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay pruebas de que los militares encargados de la seguridad de los ductos de Pemex “tenían información sobre el robo y no actuaban”. 

López Obrador señaló que desconocía que los generales intimidaban a los trabajadores de Pemex para que dejaran sin habilitar tomas clandestinas y así se pudiera seguir extrayendo el combustible, pero afirmó que hay otras puertas que demuestran omisión. 

“No, pero hay otras pruebas. Eso sí, lo que les decía, cuando menos que se tenía la información sobre el robo y no se actuaba, y otro tipo de elementos. Pero eso corresponde a los procesos judiciales”, expresó.

De acuerdo con una denuncia presentada por trabajadores de Pemex ante la FGR -en poder de este diario-, otros seis militares también fueron denunciados y forman parte de las pesquisas.

Se trata de Ramón Márquez Ledesma, sargento segundo y coordinador de la subgerencia de Salvaguardia Estratégica en Tampico; Arturo Villa Adame, teniente de infantería y jefe del Departamento de Seguridad Física de Tampico; Francisco Casas Sánchez, comandante y subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Marcelino Mesinas García, teniente de infantería y subgerente Región Centro de Salvaguardia Estratégica; Oziel Aldana Portugal, teniente de caballería y jefe de departamento de Pemex para Administración de Bienes Materiales, Cuerpo de Seguridad, Vigilancia y Supervisión en Ciudad de México, e Isaac García Pulido, sargento segundo y jefe de Departamento de Pemex en Camargo, Chihuahua, para funciones de vigilancia.

Presuntamente estos funcionarios ordenaban a trabajadores a que dejaran sin inhabilitar tomas clandestinas descubiertas, que no hicieran ningún reporte por escrito y otras acciones, además de que si no obedecían, los hacían parecer ante otras autoridades como delincuentes.

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