La juez Lucía Anaya Ruiz Esparza, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, concedió la suspensión definitiva a los integrantes de las comunidades Ch’ol que se oponen a la construcción del Tren Maya.
Con esta resolución, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y las empresas que obtuvieron la licitación no podrán ejecutar ningún tipo de obra en el primer tramo del proyecto Palenque-Escárcega; solo podrán realizar trabajos de mantenimiento de las vías ya existentes.
La impartidora de justicia argumentó que los habitantes de la comunidad podrían resentir una afectación a su esfera jurídica, concretamente en su derecho a la salud, pues la ejecución del proyecto del Tren Maya “colisiona” con el fenómeno de salud nacional suscitado por el Covid-19, cuya existencia y dinámica propagación está reconocida por el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el SARS-CoV2”, en el que se establece el distanciamiento personal por lo menos de metro y medio, y en el cual se reconoce que su propagación se encuentra estrechamente relacionada con la interacción social.
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La juez Ruiz Esparza refirió que en caso de ejecutarse el proyecto del Tren Maya, podría exponerse el derecho fundamental a la salud, pues “colisiona” con el derecho a la salud de los quejosos y también de la colectividad.
Los integrantes de la comunidad Ch’ol afirmaron que de este juicio de amparo derivó información que exhibe que el proyecto es ilegal y carece de sustento legal, además de que hubo irregularidades en el proceso de las licitaciones y violaciones a derechos de los pueblos originarios.
Por esta razón, determinado ampliar la demanda de amparo, señalando estas violaciones, con lo que el Poder Judicial de la Federación deberá analizar el fondo del proyecto.
