La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) considero que les dieron “atole con el dedo” en los diálogos sobre la ley contra factureras, por lo que al aprobarse en el Congreso en lo general interpondrían un juicio de amparo.
El presidente de la Comisión Nacional Fiscal del organismo, Reginaldo Esquer Félix, advirtió que con esta reforma los “buenos empresarios” pueden ser procesados, incluso amenazados de ser parte de la delincuencia organizada, por lo que consideró se trata de una “nueva era de terrorismo fiscal”.
El especialista acusó que ya no resta más que ir a los tribunales federales, los cuales esperan recojan sus observaciones con mejor entendimiento y puedan resolver la preocupación que les aqueja.
El presidente de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, Arturo Pueblita, argumentó que con la medida no se podrá obtener más ingresos tributarios, serán menores, y en todo caso se promueve que los empresarios opten por dejar de invertir en el país.
“Se estaría utilizando una herramienta penal para el incremento de la recaudación, que es lo que se promueve… Si queremos incrementar la recaudación tenemos que generar un crecimiento económico”.
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, señaló que están contra las empresas factureras y a favor de que el gobierno eleve la recaudación, pero la iniciativa fiscal mantiene muchos elementos de incertidumbre y de preocupación para los empresarios.
Advirtió que aún no ha caído “el último out” en este caso, por lo que esperan que haya un espacio y que se mejore esta iniciativa durante su discusión en el Congreso.
Gustavo de Hoyos refirió que al sector privado le preocupa el hecho que un contribuyente por error, sin ser una empresa facturera, pueda colocarse en un supuesto de ser considerado parte de la delincuencia organizada.
Además el incremento en las retenciones de impuesto para los pequeños ahorradores, la cancelación de los sellos digitales y que los profesionales de la contaduría, del derecho, y las empresas ahora estén obligadas a reportar por anticipado sus estrategias fiscales, aunque éstas sean legales y legítimas, todo esto, consideró, “se está creando una especie de inquisición fiscal”.
Al aprobarse los cambios fiscales como están planteados, muchos particulares buscarían los medios de defensa a título individual. “Si más allá de este esfuerzo encontramos que el producto legislativo, la norma que va a entrar en vigor, afecta o vulnera el interés de las empresas, claro que estaremos apoyando a nuestros socios para que a título individual cuando, lo consideren conveniente, planteen sus medios de defensa”, acusó De Hoyos.
En una reunión con medios, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) confió en la disponibilidad del Poder Legislativo para hacer modificaciones a la iniciativa fiscal que, entre otras medidas, incluye el combate a la defraudación y la fiscalización de facturas.
El presidente del IMEF, Fernando López Macari, dijo que se ha abordado con organismos empresariales el tema de criminalizar los actos de defraudación fiscal y “todos estamos en desacuerdo en tener una persecución criminal con los empresarios”.
“En la medida de que México no incremente su grado de recaudación, no podrá tener acceso a mejores perfiles de deuda”.
