Rigoberta Menchú, mostró su preocupación por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado durante las protestas de Chile, tras reunirse en Santiago con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) del país.

“La preocupación es mundial sobre Chile por todo lo que ha pasado. Nos preocupa la orientación que tengan los carabineros (policías) en relación a las manifestaciones porque han ocurrido heridos, desaparecidos, niños… incluso la posibilidad de abuso sexual a las mujeres, métodos repudiables y condenables en el mundo entero”, dijo Menchú a la prensa.

La guatemalteca, Premio Nobel de la Paz de 1992, dijo que acudió a Chile a mostrar su solidaridad con las víctimas y también a ejercer su “responsabilidad de observar la no violación de los derechos humanos y observar la actitud de las autoridades”.

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“Queremos saber cuáles son las autoridades directamente implicadas en usar represión”, aseveró.

Menchú dijo que “ha caído un paradigma sobre Chile” al presentarse una “situación verdaderamente brutal” en un país que “se suponía que era el más avanzado en la región tanto en tecnología como en políticas económicas sostenibles”.

Y apuntó a la responsabilidad del Estado porque “solo el Estado puede hacer represión” y llamó a que se busque a los mandos de las fuerzas de seguridad y militares para ver qué órdenes han dado a la hora de controlar las manifestaciones.

“Aquí hay víctimas de funcionarios del Estado, y el Estado es responsable de resarcir a las víctimas, de darles Justicia y de que sean detenidos los responsables de estas violaciones”, dijo Menchú.

En ese sentido, mostró su deseo de que la Fiscalía “haga su trabajo en investigar y encontrar a los responsables” y “castigarlos debidamente”, expresó Menchú.

La Fiscalía tiene abiertas hasta el momento 840 investigaciones penales en todo el país por denuncias de violencia institucional, las que involucran a igual número de víctimas, en el contexto de los desmanes ocurridos en Chile desde que el pasado 18 de octubre comenzara un estallido social que exige reformas al Gobierno para una mayor igualdad.

Entre esos casos, el Ministerio Público investiga 23 muertes ocurridas en el contexto del estado de excepción, que rigió durante la semana pasada en gran parte del país y que otorgó a los militares la responsabilidad de mantener el orden público, para lo que recurrieron a toques de queda cada noche.

Esa cifra de víctimas mortales contrasta con la que el Gobierno ha informado hasta el momento de manera oficial y por la cual serían un total de 20 personas las que han perdido su vida en el contexto de las protestas sociales que vive el país.

Por su parte, el INDH ha acometido hasta el momento 179 acciones judiciales, entre ellas 5 por homicidios presuntamente cometidos a manos de agentes del Estado para reprimir las protestas.

Por la acción de las fuerzas del orden y del Ejército, desde el comienzo de las protestas el INDH ha puesto 18 querellas por violencia sexual (desnudos, amenazas, tocaciones y dos violaciones), y 132 por “otras torturas”.

Este ente también contabiliza hasta el momento que ha habido 4.316 detenciones y que mil 574 personas se encuentran hospitalizadas por heridas, de ellas 40 por disparos de bala, 473 por disparos de perdigones, 305 por arma de fuego no identificada, y 30 por balines.

El INDH puntualiza que hay centros asistenciales en donde no ha podido recabar información y que, teniendo en cuenta además los heridos que no acuden a centros médicos, la cifra de personas heridas podría ser el doble, tal y como expresó, por ejemplo, el Colegio de Médicos del país.

Por su parte, la Cruz Roja ha dicho que el balance de heridos del INDH “se quedó corto” y que la cifra supera las dos mil 500 personas hasta la fecha.

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