Luego de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el Acuerdo que dispone de las Fuerzas Armadas para que lleven a cabo tareas de seguridad, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó su preocupación al advertir posibles violaciones a los derechos humanos.

Derivado de lo anterior, lanzó un llamado a las autoridades mexicanas para que se revise dicho Acuerdo considerando que éste no honra los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir el actuar de todas las corporaciones de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas.

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“Para la ONU-DH es fundamental que las fuerzas militares cumplan con las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza para oficiales encargados de hacer cumplir la ley”, destacó mediante un comunicado.

Aunque reconoció los importantes retos que en materia de seguridad enfrenta el país y las dolorosas consecuencias que enfrenta la población por el accionar del crimen organizado, reiteró que la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad debe ajustarse a criterios de estricta excepcionalidad y ser el último recurso, asegurando el carácter civil de las corporaciones de seguridad.

Lo anterior, dijo, dado que la estrategia de seguridad instaurada desde 2006 ha evidenciado su disfuncionalidad para reducir la violencia e incrementado las violaciones de derechos humanos.

“Si bien la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública está prevista –bajo ciertas circunstancias– en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, el Acuerdo publicado no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia”, expuso.

Enfatizó que lo anterior es con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y la seguridad de la población, al tiempo que se fortalezcan las instituciones civiles de seguridad pública en México y se diseña una ruta de salida que materialice el retiro gradual, ordenado, verificable y con plazos definidos de las Fuerzas Armadas de tareas que no les son propias.

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