La diputada Carolina Monroy del Mazo presentó ante el pleno una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para meter en orden a los legisladores federales y locales que han abusado del fuero y de la libertad de expresión.

Para ello, la legisladora propuso adicionar un párrafo tercero a la fracción III del Artículo 109, y uno segundo a la fracción V del Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La priista argumentó que el fuero, cuyo objetivo fundamental es proteger a los servidores públicos contra detenciones eventualmente derivadas de acusaciones falsas, no debe ser salvoconducto a favor de quienes ostentan un cargo de elección popular para cometer atropellos.

Anuncios

“Y no lo es, tratándose de los actos u omisiones que puedan implicar responsabilidad administrativa. Para este tipo de actos no existe ni debe existir inmunidad alguna”, enfatizó.

En cuanto al tema de la libertad de expresión, reconoció que el Artículo 61 de la carta magna señala que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Sin embargo, advirtió, “una cosa es nuestro derecho a expresar nuestra opinión y otra muy distinta querer atropellarlo todo enarbolando esta bandera”.

En nombre de esa libertad de expresión, dijo, se ha cometido un exceso tras otro en varios recintos parlamentarios del país, y se ha abusado del mandato que los electores “nos dieron y en ocasiones se ha llegado a excesos inauditos”.

Subrayó que la ley nos considera sujetos sancionables por responsabilidad administrativa, por la omisión o comisión de conductas que atenten contra los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

No obstante, estableció que “ha faltado ponerle nombre a estas conductas y describirlas; ha faltado señalar quién debe conocerlas, investigarlas y sancionarlas; ha faltado establecer el procedimiento a seguir”.

En suma, “ha faltado reglamentar todo lo relativo a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de elección popular del Poder Legislativo”.

En ese sentido, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) planteó la necesidad de definir, ¿cómo sancionar a quien se presenta en estado de ebriedad o con aliento alcohólico a las sesiones del Pleno o de las comisiones?

“¿Cómo sancionar a quienes realizan gestiones en las comisiones camarales para lograr, por ejemplo, que se asignen recursos a entidades federativas o municipios, a cambio de recibir un favor determinado?”.

Asimismo, “cuando se profieren palabras insultantes, se arrojan objetos o se exhiben letreros insultantes con el propósito de humillar al adversario, cuando se falta a la disciplina parlamentaria bajo el pretexto de que se está ejerciendo la libertad de expresión”.

Por ello, aseveró que es momento de poner un alto a cualquier exceso que pueda implicar afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, y elaborar ese catálogo de conductas sancionables imputables a las y los legisladores.

Publicidad