El presidente de Perú, Pedro Castillo, afronta un nuevo pedido de destitución, presentado este martes por la oposición política en el Congreso por una presunta «permanente incapacidad moral» para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio de 2021.

La nueva moción de vacancia (destitución) fue impulsada por el legislador independiente Edward Málaga y se entregó con las firmas de 67 congresistas de los partidos opositores Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Somos Perú.

El documento asegura que «resulta inaceptable que un presidente ejerza el cargo en medio fuertes indicios de corrupción, grave indignidad, o cuestionamientos morales y éticos».

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El presidente peruano, Pedro Castillo (c), participa en el IV Gabinete Binacional Chile-Perú, hoy, en el palacio presidencial de La Moneda, en Santiago (Chile). EFE/Elvis González

En ese sentido, hace referencia a acusaciones lanzadas contra Castillo, y su entorno más cercano, como presuntos integrantes de una supuesta organización corrupta en el Ejecutivo y también menciona el «copamiento y desmantelamiento del aparato Estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos».

Se trata del tercer intento de la oposición para destituir a Castillo en su año y medio de gestión, marcado por constantes enfrentamientos entre su Gobierno y el Congreso, altamente fragmentado y dominado por la oposición.

Además de la inestabilidad en el Ejecutivo, que ha contado con cerca de 80 ministros en cinco gabinetes.

Argumentos de la vacancia

El documento hace referencia a algunas acusaciones que giran en torno a Castillo y su círculo más íntimo, sindicados como presuntos integrantes de una supuesta organización corrupta.

También menciona el «copamiento y desmantelamiento del aparato Estatal a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos, favoreciendo los intereses del presidente y sus allegados en perjuicio del bienestar ciudadano».

Por ello, acusan al jefe de Estado de haber incurrido en la causal de «permanente incapacidad moral».

Una figura jurídica sobre la cual en varias ocasiones la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por carecer de definición objetiva y no haber sido interpretada por el Tribunal Constitucional del país.

Este es el noveno proceso de este tipo que un presidente peruano afronta desde 1992 y el tercero contra Castillo, quien sorteó un primer intento de diciembre de 2021, cuando la moción ni siquiera llegó a ser admitida a trámite, y el segundo proceso en marzo pasado, cuando la moción sumó solo 55 votos a favor.

Nueva escalada de tensiones

La presentación de esta moción de destitución llega en medio de una escalada de tensiones entre ambos poderes del Estado, después de que el Gobierno de Castillo interpretara el «rechazo de plano» de la mesa directiva del Congreso sobre un planteamiento de su Ejecutivo como una primera denegación a la cuestión de confianza.

Esta decisión provocó la semana pasada una crisis total del equipo ministerial que encabezaba el ex primer ministro Aníbal Torres.

Por su parte, Castillo ha denunciado una suerte de «complot» en su contra por parte de un sector de la oposición política, del Poder Judicial y de los medios de comunicación para sacarlo del poder mediante lo que calificó como una «nueva modalidad de golpe de Estado«.

Impulsor de la moción de destitución contra Pedro Castillo

El congresista Edward Málaga argumenta que lo ha hecho para salvar al país «de un Gobierno corrupto con aspiraciones totalitarias».

«No se trata del presidente ni del Congreso, sino del futuro de país, del futuro de la democracia y de no entregar la nación a un Gobierno corrupto con aspiraciones totalitarias», indica Málaga en una rueda de prensa tras la presentación de la moción, que cuenta con 67 firmas de congresistas

Argumenta que es el momento preciso de presentar la moción por la amenaza latente del cierre del Congreso, que a su juicio, planea Castillo.

Málaga reitera que esta moción representa a millones de peruanos que «ya no toleran seguir con un Gobierno con este nivel de corrupción» y que presentar este documento era de «obligación moral» por la amplia evidencia de los hechos contra Castillo.

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