El PRI sostuvo que las imputaciones hechas a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, deben investigarse y resolverse conforme a derecho por las autoridades correspondientes, y señaló que cada individuo es responsable de sus conductas y actuaciones y, por tanto, debe hacerse cargo de ellas y de sus consecuencias.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió que se deslinden las responsabilidades que procedan, pero recordó también que la Constitución establece la presunción de inocencia a efecto de que, quien sea señalado por cometer un ilícito, pueda hacerse oír y, en su caso, defenderse.
Sostuvo, mediante un comunicado, que la ley está por encima de cualquier persona y reiteró que todo presunto hecho delictivo debe ser investigado y sancionado conforme a la ley y no quedar impune.
Además, el instituto político reafirmó su absoluto compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en todo ejercicio de gestión pública.
El pasado 17 de mayo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)congeló las cuentas bancarias de un juez y de Roberto Sandoval sancionados por el Gobierno de Estados Unidos por corrupción vinculada al crimen organizado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SCHP congela cuentas, en colaboración con el departamento del Tesoro de Estados Unidos de América”, detalló Hacienda en un boletín.
En un mensaje a medios, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, expuso que el bloqueo de estas cuentas al juez Isidro Avelar Gutiérrez y al exgobernador del estado de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, obedece a que habrían recibido sobornos de miembros del poderoso cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Avelar Gutiérrez está vinculado directamente con resoluciones a favor de líderes de la delincuencia organizada”, aseguró.
Asimismo, consideró que con estas acciones se impone una política de “cero tolerancia a la corrupción”, en colaboración con el Gobierno de Estados Unidos.
Los bloqueos a las cuentas nacen como resultado de los trabajos conjuntos entre la UIF y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América a través de Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
Así es que se ha logrado la identificación de objetivos comunes para ambos países, indicó.
Por su parte, la subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker, indicó desde la Ciudad de México que esto supone “un nuevo capítulo” en los esfuerzos bilaterales de ambos países para identificar y detener actividades que amenazan los sistemas financieros y democráticos.
Ya sea que los funcionarios corruptos reciban sobornos de una organización particular de narcotráfico o que participen en una variedad de otras actividades ilícitas, el Tesoro utilizará la autoridad de sanciones correspondientes u otras medidas para interrumpir y cambiar este comportamiento”, aseveró.
Las acciones a emprender contra los acusados fueron designadas conjuntamente con la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Policía Federal.
