La número dos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Patricia Bugarin Gutiérrez, presentó su renuncia al cargo para atender “un asunto personal impostergable”.

La licenciada en Derecho con especialización en Ciencias Penales por la UNAM así como doctora Honoris Causa por el Consejo Doctoral mexicano, apenas asumió en febrero la Subsecretaría de Seguridad.

Fuentes de la dependencia señalan que la relación entre Bugarín Gutiérrez y el secretario Alfonso Durazo concluyó en buenos términos.

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En el ámbito público, la hoy otrora subsecretaria se desempeñó como coordinadora de la Estrategia Nacional Antisecuestros de Enrique Peña Nieto así como subprocuradora de Personas Desparecidas o no Localizadas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito de la PGR.

Se espera que la renuncia se oficialice en las próximas horas.  

El pasado 26 de abril Patricia Bugarin Gutiérrez encabezó, en representación de Alfonso Durazo, la sesión de la Primera Reunión Regional Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública celebrada en Quintana Roo y que tuvo por anfitrión a Francisco Xavier López, secretario de Gobierno de esa entidad.

Durante esa reunión, la entonces subsecretaria subrayó el compromiso con el país y las instituciones de todas las personas que trabajan en las áreas de seguridad e hizo un llamado a romper paradigmas para alcanzar que los elementos de seguridad sean respetados por la población. 

“Tenemos un compromiso con las instituciones pero un compromiso aun mayor con el país y con el trabajo que se realiza diariamente, la célula básica de las áreas de seguridad son las y los policías, quienes integran los cuerpos de seguridad son el eslabón más débil y el más fuerte, el trabajo de cada uno de ellos, nos debe hacer reflexionar de como la sociedad está viendo a los elementos policiacos”.

La reunión, cuyo objetivo fue dar continuidad a los mecanismos de coordinación y fortalecer las capacidades institucionales para prevenir el delito, reunió a responsables de seguridad pública de los estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

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