La ASF mantiene hasta hoy en día, expedientes de seguimiento abiertos para que en diversas entidades del país se compruebe el uso de 63.5 millones de pesos suministrados por el gobierno federal para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene hasta hoy en día, expedientes de seguimiento abiertos para que en diversas entidades del país se compruebe el uso de 63.5 millones de pesos suministrados por el gobierno federal para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.
En las Cuentas Públicas 2013 y 2014, la Auditoría fiscalizó los subsidios e insumos entregados a estados para fortalecer la vigilancia epidemiológica. En dichos ejercicios se encontraron diversas inconsistencias, como la no comprobación del uso de recursos suministrados para los objetivos indicados, ni el reintegro de los montos a la Tesorería de la Federación.
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En el 2013, la ASF fiscalizó en la auditoría 13-0-12100-02-0184 DS-044 “la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a subsidios a entidades federativas para la operación del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas aplicables”.
Derivado de dicha auditoría se determinó que Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz no comprobaron la utilización de 5 millones 447,411 pesos, de los cuales quedan pendientes de comprobar hasta la fecha 3.9 millones de pesos.
Ante esta situación, de acuerdo con la información de la ASF, se han iniciado procedimientos de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, es decir, se busca de manera directa al funcionario o funcionarios que fueron los encargados directos de la utilización de los recursos públicos provenientes del gobierno federal.
Para este proceso, cabe indicar, no hay un plazo determinado para poder resolver los asuntos, ya que pueden existir amparos interpuestos por los mismos funcionarios públicos sobre las reclamaciones hechas por los montos que no se han comprobado.
Otra de las inconsistencias encontradas en la auditoría es, por ejemplo, que se presentaron como certificados de gasto, comprobantes de compra de gasolina y pasajes. Sin embargo, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, encargada del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, no solicitó documentación que comprobara que dichos gastos se ocuparon para desplegar las actividades relacionadas con la vigilancia epidemiológica.
Por otra parte, en el 2014, en la auditoría con número 14-0-12000-02-0151DS-045, también se verificó el cumplimiento de la utilización de recursos para la vigilancia epidemiológica; derivado de lo cual, se encuentran aún pendientes de aclarar 59.6 millones de pesos.
En dicho ejercicio de fiscalización se analizó en específico la utilización de recursos federales correspondientes a la compra de plaguicidas, abonos y fertilizantes, utilizados para la erradicación de mosquitos que transmiten enfermedades como dengue y chikungunya y en general, los subsidios entregados a entidades federativas y municipios para la vigilancia epidemiológica.
Los estados que registraron observaciones por el uso de los recursos, derivado del ejercicio de fiscalización fueron Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Chiapas, la Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
En este caso, así como en la Cuenta Pública 2013, la ASF encontró irregularidades como falta de comprobantes en la utilización de viáticos en las entidades referidas.
“La Secretaría de Planeación y Finanzas del estado de Veracruz no demostró la administración de 10 millones 126,600 pesos a la unidad ejecutora para el cumplimiento de los fines del programa (de vigilancia epidemiológica).
“Las unidades ejecutoras (dependencias locales) de 15 entidades federativas, no comprobaron la aplicación ni el reintegro a la Tesorería de la Federación de 26 millones 948,700 pesos”, detalló la Auditoría.
