Los problemas de inseguridad pública que vive el país demandan la implementación de políticas públicas integrales de prevención con perspectiva de derechos humanos, opinó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez.

Además, se requiere atender problemas estructurales como la pobreza y la marginación, que provocan la incidencia delictiva, añadió en un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

González Pérez participó en el Debate: Relaciones Cívico-Militares y Propuesta de Ley de Seguridad Interior, en el cual resaltó que de seguir apostando a la reacción sobre la prevención, no habrá ejército ni policía suficientes para contener la incidencia delictiva.

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Todas las actividades emprendidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno para atender el problema de la criminalidad deben tener como eje rector el respeto a los derechos fundamentales, remarcó el titular de la CNDH.

Mientras que la aplicación de la fuerza en los diversos operativos que se llevan a cabo para combatir al crimen deben efectuarse con apego estricto a la ley, respetando los derechos humanos y siguiendo al pie de la letra lo estipulado en los protocolos en la materia.

En el acto, realizado en el marco de la Conferencia Internacional Seguridad, Democracia y Derechos Humanos: La Vía Civil, González Pérez señaló que en tareas de seguridad, el objetivo y el eje de protección deben ser las personas antes que las instituciones del Estado.

Asimismo, reconoció la labor de coadyuvancia de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública de la población.

Destacó la importancia de anteponer las necesidades de la sociedad a los intereses políticos para cumplir con las demandas de la población, y propuso que la conformación del Presupuesto de Egresos 2018 se lleve a cabo con perspectiva de derechos humanos.

Ello, a fin de atender situaciones como la falta de oportunidades educativas y laborales en diversas regiones del país.

En su intervención, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar coincidió con el ombudsman nacional en que se deben atender las causas que han generado la crisis de inseguridad en México.

Además, se deberá tomar en cuenta como factor detonante de violencia la cercanía con un Estados Unidos –nación donde ha aumentado el consumo de estupefacientes—, el comercio de armas y la crisis económica y social que enfrentan varias naciones centroamericanas.

Refirió que en el combate a la inseguridad se tiene que avanzar en cuatro ejes: fortalecimiento de las fiscalías, la consolidación de la reforma de justicia penal de 2008, la articulación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la capacitación a policías, peritos y agentes del Ministerio Público.

En su oportunidad, la senadora Angélica de la Peña destacó que todas las acciones para combatir la inseguridad deben hacerse en el marco del respeto a los derechos de las personas, y agregó que el Congreso de la Unión debe retomar la discusión de la Ley de Seguridad Interior y la iniciativa de mando policial mixto.

En su oportunidad, el general de Brigada de Justicia Militar, Alejandro Ramos, urgió a los integrantes de la actual Legislatura a discutir y aprobar una ley que brinde certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en la tarea que realizan para combatir a la delincuencia organizada.

Opinó que se debe apostar más por la capacitación de los elementos castrenses, a fin de evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos.

Además de la Conferencia Internacional Seguridad, la CNDH y la UNAM, organizaron el evento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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