De enero del año 2000 a diciembre de 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales recibió 31 denuncias contra ministros de culto, es decir, casi dos por año, por tratar de incidir en el voto de la ciudadanía en la realización de actividades religiosas.

Un informe interno de la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que en ese periodo, el Ministerio Público de la Federación inició el mismo número de averiguaciones previas o carpetas de investigación, contra sacerdotes por delitos electorales.

De estas indagatorias, la FEPADE declaró incompetencia en tres ocasiones, en 18 determinó el no ejercicio de la acción penal, cuatro se fueron a reserva, tres se encuentran en trámite y sólo dos fueron consignadas ante las autoridades judiciales y una acumulada.

El Estado de México recibió seis denuncias de este tipo, Querétaro cuatro, Jalisco y Sonora, ambas con tres, Guerrero, Puebla, Ciudad de México y Quintana Roo dos, mientras que Michoacán, Morelos, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Baja California Sur, una.

El artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales precisa que incurren en un delito “aquellos ministros de culto religioso quienes en el desarrollo de actos propios de su ministerio, presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición”.

 

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