El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dio a conocer que en el periodo de octubre de 2018 a septiembre de 2019, registró un incremento de 69.7 por ciento en el número de recursos de revisión presentados por personas que solicitaron información a los sujetos obligados en la administración pública.
La razones de dicho aumento, informó el organismo autónomo a la Cámara de Diputados, están relacionadas con las respuestas otorgadas por los sujetos obligados.
Es decir, que en el periodo señalado, se alcanzó una cifra récord de solicitudes de información que derivaron en algún tipo de inconformidad del solicitante con la respuesta recibida.
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“Existe ahí una tarea urgente de atender para no brindar respiro a la opacidad nuevamente “, alertó el Instituto.
Indicó que en cuanto a las multas impuestas a quienes incluso incumplieron con el mandato de informar, ascendieron a 112 millones 397 mil pesos.
Los principales sancionados se encuentran en los sectores de servicios financieros y de seguros, información en medios masivos y comercio al por menor, agregó el informe publicado en la Gaceta Parlamentaria de San Lázaro.
Recordó que en su último año de trabajo, de manera colegiada resolvió asuntos de trascendencia nacional con respecto al acceso a la información sobre los grandes proyectos de la actual administración, el cumplimiento de compromisos establecidos en gobiernos anteriores, crisis ambientales como la del sargazo en las playas nacionales, condonaciones fiscales, clubes de fútbol, y otros asuntos.
Destacó que en las labores de verificación sobre el índice de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia en la información pública, 351 sujetos obligados obtuvieron 100 puntos en ese índice; mientras que en 2017 solamente dos sujetos cumplieron.
Esto representa un avance en el cumplimiento de obligaciones, consideró.
Al puntualizar que el informe 2018- 2019 es el último en presentar como presidente, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, subrayó que urge defender la democracia en el país y expandirla cada día.
Planteó que en los últimos 12 meses se registró un incremento de 27 por ciento en los medios de impugnación interpuestos ante el organismo, con respecto de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en el sector público (derechos ARCO); y en el 91 por ciento de los casos, el fallo fue a favor del peticionario.
En esa materia, los ciudadanos buscaron aclarar comprobantes fiscales digitales, buscar información de datos personales a través de terceros debidamente acreditados, apoyar en la identificación de fraudes, cancelar datos en sistemas de crédito gubernamentales, enmendar documentos con datos personales de terceras personas, dirimir controversias en asuntos de pensiones por orfandad, explicar facturaciones emitidas a favor de particulares, y otros.
