La Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, citó a comparecer a la juez Ludivina García Rosas.

Cabe señalar que la Noche Buena de 2019, dicha autoridad concedió la libertad a Roberto “N”, exdirector de la Fuerza Civil durante el gobierno de Javier Duarte, así como de otros 16 policías acusados de desaparición forzada.

Ahora el órgano, a cargo de Alfredo Corona Lizárraga, busca información en relación con la carpeta de investigación número FECCEV/018/2020, de la que no se han aportado mayores detalles.

Sin embargo, García Rosas se negó a acatar el citatorio y para ello busca el amparo de la justicia federal. La autoridad jurisdiccional ya obtuvo una suspensión provisional de la justicia federal contra “actos privativos de la libertad” con una garantía de 4 mil 500 pesos.

“En razón que de negarse dicha medida cautelar se podrían causar daños de imposible reparación; lo anterior, hasta en tanto se resuelva lo conducente sobre la suspensión definitiva”, determinó el juez federal el pasado 13 de febrero.

La invitación a que la juez compareciera se emitió el pasado 14 de febrero y fue signada por el encargado para que se apersonara el miércoles 19 de febrero a las 6 de la tarde; sin embargo, al obtener la suspensión provisional no tuvo que hacerlo.

Además, el juez federal ordenó al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado a no designar a personal a su cargo a efecto de que lleve a cabo el dictamen de riesgo de la quejosa, al no ser necesario.

El Jefe de Departamento de Amparos y Apelaciones de la Fiscalía Especializada y el delegado del Pleno del TSJE, así como la secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura y la presidenta del Tribunal e Integrantes del Consejo, informaron dar cumplimiento a la suspensión provisional.

Cabe señalar que recientemente la juez Ludivina García Rosas generó polémica tras ordenar la liberación de Roberto “N”, exdirector de la Fuerza Civil durante el gobierno de Javier Duarte, así como de otros 16 policías, según trascendió en medios de comunicación.

Los elementos fueron imputados por el delito de desaparición forzada de al menos 15 personas en el caso de la barranca “La Aurora”, en Emiliano Zapata, durante el periodo en que Jorge Winckler estuvo como fiscal general.

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