El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no pudo solventar los casi 200 millones de pesos que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó como daño patrimonial en el manejo de la deuda pública de Veracruz.
Igualmente, las tres dependencias a su cargo que también resultaron con observaciones en el manejo de las finanzas, tampoco solventaron las irregularidades.
Cabe recordar que de acuerdo con el ORFIS, en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera al Poder Ejecutivo, se determinó que existe un presunto daño patrimonial por un monto de 191 millones 995 mil 930.69 pesos.
El monto de daño patrimonial fue atribuido en el dictamen que realizó el Congreso, a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).
Igualmente, se determinó un quebranto financiero en tres dependencias, por 16 millones 630 mil 854.78 pesos
A detalle, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), resultó con presunto daño patrimonial por 13 millones 443 mil 654.89 pesos
En la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) hay un presunto daño patrimonial por 2 millones 238 mil 141.11 pesos generados de tres observaciones.
Asimismo, en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) las observaciones son por un monto de 949 mil 58.78 pesos.
Adicionalmente a este daño patrimonial, otras dependencias resultaron con observaciones de carácter administrativo que dieron lugar a Observaciones y/o Recomendaciones.
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Estas son la Secretaría de Gobierno (SEGOB), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), nuevamente la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Igualmente la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP); Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA.
También la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), la Secretaría de Protección Civil (SPC), la Contraloría General (CG) del Poder Ejecutivo y la Oficina de Programa de Gobierno (PROGOB).
En el Poder Legislativo no hubo observaciones y en el Poder Judicial hubo un presunto daño patrimonial en el Consejo de la Judicatura por 4 mil 500 millones 925 mil pesos y en la Cuenta Pública consolidada de 85 millones 514 mil 709.98.
Hace unas semanas, el gobernador criticó que la auditora general Delia Cobos se retrasara en la entrega de la cuenta pública 2019, argumentando supuestas complicaciones derivadas de la pandemia del covid-19.
Días después, cuando se conoció el manejo irregular del erario, García Jiménez afirmó que las observaciones de la Cuenta Pública 2019 se solventarían “sin ningún problema”, además de justificarse que los montos históricos de desvíos incluían a varios municipios y no solo al Ejecutivo.
A la par, el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, dijo que las observaciones se dieron porque hubo “falta de entendimiento” con los auditores, asegurando que serían solventadas, lo que de acuerdo con el dictamen, no ocurrió.
