Colectivos de búsqueda de desaparecidos en México y organizaciones de derechos humanos reforzaron la campaña para que el Gobierno cumpla con su compromiso de crear un Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que ayudaría a reducir la cifra de más de 52.000 cuerpos que permanecen sin identificar en el país.

Marchas, clausuras simbólicas y activismo virtual bajo el lema “Identificación, ya” forman parte de las acciones que familiares están llevando a cabo con miras al Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemorará el próximo 30 de agosto.

La fecha es trascendental en un país en el que, de acuerdo con las cifras oficiales, hasta este martes había ya 103.372 personas desaparecidas o no localizadas, y en donde la emergencia humanitaria ha derivado en una crisis forense que impide identificar a todos los cuerpos que son encontrados.

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El fin de semana, la Red de Enlaces Nacionales, que agrupa a 160 colectivos en todo el país, familiares y organizaciones de la sociedad civil clausuraron de manera simbólica la Fiscalía General de la República, ya que es la dependencia responsable de crear el BNDF.

De acuerdo con el sitio A dónde van los desaparecidos, este organismo ayudaría a que los familiares entreguen muestras de perfiles genéticos para cruzarlas de manera masiva y periódica con la información de las personas fallecidas que no han sido identificadas, y que están bajo resguardo de las fiscalías locales. Otros datos que ayudarían a la identificación son las huellas dactilares, señas particulares y vestimenta.

Antes de ir a la Fiscalía, los colectivos se reunieron en la Glorieta de las y los Desaparecidos en México que está ubicada en la central avenida Paseo de la Reforma, en donde suelen colocar fotos de los familiares que buscan y que es motivo de una polémica constante, ya que en diversas ocasiones han sido retiradas por el Gobierno de la Ciudad de México.

De hecho, como parte del activismo de este mes, los familiares inauguraron el Servicio Postal de la Memoria, a través del cual le enviarán cartas a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que acepte que en la Glorieta se adopte oficialmente el nombre de las y los desaparecidos.

Incumplimiento

Los colectivos explicaron en un comunicado que la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, publicada en noviembre de 2017, ordenó la creación de diversos mecanismos para afrontar la grave crisis humanitaria que enfrenta el país desde 2006, el año en el que el expresidente Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que solo recrudeció la violencia.

Entre los objetivos de esa ley, figura la creación y operación de un BNDF que concentre la información forense con fines de identificación, incluyendo la genética, y que tome en cuenta los datos de los 32 estados del país.

El BNDF debía operar desde enero de 2019, sin embargo, todavía no ha sido creado, de ahí el reclamo de los familiares que saben que este organismo es fundamental para encontrar a sus seres queridos.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República sólo cuenta con la información genética de 15.000 de los más de 52.000 cuerpos que están sin identificar debido a la crisis forense, es decir, a la incapacidad humana y técnica para analizar las muestras genéticas de las víctimas que todavía permanecen en las morgues en calidad de “desconocidos”.

El reclamo ya ha llegado hasta la Justicia. Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Celaya, Guanajuato, en 2017, tramitó un amparo al denunciar que la falta del BNDF viola su derecho a la verdad y el acceso a la justicia. Se prevé que el juzgado de la Ciudad de México que tramita el caso emita su fallo en las próximas semanas.

Además, la Fiscalía ha incumplido con otros compromisos, como la creación del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

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