A pesar de ser el encargado de procurar justicia, el fiscal Jorge Winckler Ortíz dijo desconocer cuántos homicidios han ocurrido desde que inició su gestión en el cargo, cuántas personas han sido detenidos por dichos delitos y cuántos han sido vinculados, y finalmente cuántos han sido sentenciados.

Por ello, el diputado local Zenyazen Escobar García le reprochó que no tuviera esos datos, pues a los veracruzanos les interesa saber que por cada delito que ocurre hay personas que son detenidas y están en la cárcel pagando por los mismos.

Sin embargo, el fiscal insistió en no tener esos datos “no los traigo conmigo”, refirió, y se comprometió a que los enviaría por escrito.

El fiscal rechazó que se atienda con distingo el caso de los secuestros, habiendo casos de mayor importancia que otros, pues aseguró que todos se tratan por igual “no hay veracruzanos de primera ni de segunda”, a todos les pone la misma atención.

En un año, 12 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE), han sido suspendidos de sus cargos, por incurrir en diversos actos de corrupción o violación de derechos.

El fiscal general, Jorge Winckler Ortiz señaló que de acuerdo con los expedientes que ha integrado la Contraloría Interna y remitidos a la Visitaduría General -algunos por recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)-, se desprende que de los 11 mil 664 oficios iniciados, se ha dado lugar a 154 procedimientos administrativos de responsabilidad.

Al comparecer ante diputados locales, señaló que de esos procedimientos, han sido 234 servidores públicos los implicados en ilícitos diversos.

Señaló que las sanciones se integran en 20 amonestaciones, 118 suspensiones sin goce de sueldo y las 12 destituciones de los cargos.

Además, de las 10 auditorías que ha realizado la contraloría general de la FGE, cinco concluyeron, con 43 observaciones diversas y dos recomendaciones.

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