(SPI).- En seis años 31 estados han mostrado avances significativos en monitoreo y evaluación en desempeño gubernamental, calidad y eficiencia de sus políticas públicas, según el Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas 2017 del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval).

Veracruz registra números positivos. De 32 ocupa el lugar 12 con un avance del 82.4 por ciento en lo normativo, superando la media nacional de 75.3 por ciento. En el componente práctico registró un progreso de 40.7 puntos porcentuales, siendo la media nacional de 35.6 puntos porcentuales.

Los estados mejor posicionados son: Jalisco con 98.2 por ciento, Hidalgo 96.3 por ciento; Ciudad de México y Chihuahua con 94.5 por ciento y; México 91.7 y, en últimos lugares se ubican: Michoacán con 59.3 por ciento; Durango 57.4 por ciento; Chiapas 56.5; Guerrero con 50 y; Baja California Sur con 35.2 por ciento.

Coneval analiza dos componentes, la parte normativa (la implementación de herramientas) y la práctica (que se lleven a cabo). En 2017, el avance en lo normativo fue de 5.8 puntos porcentuales, mientras que la práctica fue sólo de 2.7 puntos porcentuales.

El estudio reveló que en seis años de medición los estados han transitado hacia los grupos de avance medio-alto y alto, en el establecimiento de instrumentos para dar seguimiento a sus metas, objetivos, procesos y resultados de sus políticas públicas.

Se conformaron cuatro grupos. En 2017 en el grupo alto se ubican 11 estados; en medio-alto 10 estados, encabezado por Veracruz; medio-bajo con nueve estados y; bajo tres estados.

En el grupo de avance medio-alto se concentran el mayor número de estados. Para este año el grupo lo integran: Veracruz, Campeche, Nuevo León, Quinta Roo, Baja California, tabasco, Tlaxcala, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila.

La evaluación de este grupo tanto en lo normativo como en lo práctico destaca lo siguiente:

El incremento del componente normativo ha sido a ritmo constante, en promedio 4.5 puntos porcentuales; sin embargo no es así en el componente práctica, el cual disminuyó, pues pasó de 8.5 en el 2011 a 1.2 en el 2013.

Todos los estados cuentan con una ley de desarrollo social que define la población a priorizar, menciona la existencia de programas sociales, establecen evaluación de la política social, señala la obligatoriedad de la difusión de los programas y mandata la creación de padrones de beneficiarios.

En el elemento de evaluación tiene un avance de 74.7 por ciento de avance. Todas las entidades establecen el monitoreo y evaluación de la política y programas sociales, sin embargo, solo algunas entidades establecen el seguimiento a los resultados. En la práctica todas las entidades realizaron ejercicios de evaluación a sus programas de desarrollo social.

En la normativa, cuentan con el 97.5 por ciento de avance en establecer criterios para la difusión de la información de los programas de desarrollo social. En la práctica, difunde el 75.0 por ciento de estos criterios, por ejemplo, la institución responsable del programa, la población objetivo y el objetivo del programa.

El documento examina 27 variables, de las cuales 14 corresponden al componente normativo y 13 al práctico, así como 154 criterios relativos a las características evaluadas de cada variable.

El estudio concluyó que en solo seis años, las entidades federativas han establecido condiciones que favorecen la implementación de herramientas de monitoreo y evaluación; sin embargo, un reto importante es la institucionalización de un sistema de monitoreo y evaluación (SME) y documentar el uso del mismo.

 

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