(SPI).- El Gobierno del estado debe pagar durante junio y julio 800 millones de pesos como parte de la deuda heredada por la administración de Javier Duarte de Ochoa, debido a que no se ha concretado la reestructuración de la deuda.

La presidenta de la Comisión de Administración y Presupuesto en el Congreso local, Mariana Dunyaska García Rojas, dijo que estos dos meses son altamente complicados para el Gobierno del estado.

Esto se suma a la posibilidad de que el tema de la reestructuración se decida hasta noviembre próximo y que a estas alturas aún no se sabe si será posible de realizar y bajo qué condiciones.

Relató que hay tres escenarios posibles: el primero significaría que la reestructuración se lograra con la banca privada para pagar el 69 por ciento de deuda de largo plazo y con la posibilidad de que haya aceleraciones de pago exigibles al Gobierno del estado.

“Lograríamos que la deuda del 7 por cierto bajara a 4.3 por ciento y quedaría estable en 2017 y 2018, pero se seguiría teniendo el déficit del 5.7 por ciento en 2017 y 5.4 por ciento en 2018”.

En un escenario negativo el pago de la deuda se incrementaría del 7 al 11 por ciento por el servicio de deuda, lo cual dijo que sería muy grave porque la tasa de gasto corriente se incrementaría al 8 por ciento.

En este posible escenario la diputada local dijo que se tendría que contratar deuda de corto plazo adicional y se retrasarían los pagos.

En el tercer escenario impositivo se logra la reestructuración en la que se renegocia el crédito de banca privada, de banca de desarrollo y la bursatilización.

“En este escenario la deuda pasa del 7 por ciento al 4.5 por ciento en 2017 y de 3.4 por ciento en 2018; es decir a la mitad de lo que se paga y el déficit financiero sería de 2.4 por ciento de todos los ingresos”.

Dijo que actúa se busca realizar pagos escalonado para tener posibilidad de liquidez y se pueda salir adelante con la reestructuración, evitar pagos anticipados acelerados y liberar las participaciones federales.

Y es que recordó que más del 65 por ciento de las participaciones federales son garantía de pago y eso limita las acciones del Gobierno.

Por ello, dijo que las banderas políticas deben dejarse a un lado para incentivar la llegada de inversiones a fin de que el estado de vuelva un lugar atractivo para la generación de capital y de esta manera la banca de desarrollo y la banca privada acepten la reestructuración

Publicidad