Apenas 10 años son los que la Fiscalía General del Estado pidió de prisión para el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, a quien señala de responsable de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en agravio del servicio público.

Durante la audiencia de etapa intermedia, hasta el momento la Fiscalía ha presentado 57 datos de prueba, a la espera que la juez de control determine si serán tomados en cuenta o no en la audiencia de juicio.

Todavía falta la presentación de las pruebas por parte de la defensa, que al inicio de la misma, solicitó que fuera cancelada, debido a que no estaban presentes las otras dos personas acusadas junto con Arturo Bermúdez de cómplices como son Alejandro Contreras Uscanga y Roberto Esquivel Hernández.

Los ex socios de Bermúdez  Zurita han argumentado desde hace varios meses estar muy enfermos y por ello no poder presentarse ante el juez de control, pues han perdido todos los amparos para evitar ser detenido.

Dentro de la audiencia los fiscales precisaron que el 26 de febrero de 2016, vía el subcomité de adquisiciones de la SSP, presidido entonces por Alejandro Contreras Uscanga, acordó, junto a Bermúdez Zurita otorgar el contrato SSP/UA/016/2016 a la empresa  “Guardias Empresariales en Seguridad Privada SA. de C.V”, propiedad de Roberto Esquivel Hernández y Carolina Bermúdez Zurita, socio y hermana del imputado.

La Fiscalía sostuvo que tanto Bermúdez como Contreras Uscanga acordaron firmar el contrato con la empresa en cuestión, sin haber puesto de conocimiento al subcomité de adquisiciones que era una empresa donde Arturo Bermúdez participaba por lo que se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato, violentando lo establecido en la Ley de Adquisiciones, que establece que no pueden otorgarse contratos a allegados o familiares.

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