Durante el 2020, los legisladores pusieron dentro de sus agendas una variedad de temas relacionados con tecnología o sus diversas herramientas, las cuales tuvieron suma relevancia durante la emergencia sanitaria. Pero muchas de estas propuestas y discusiones fueron polémicas, pues si bien algunas tienen propósitos benéficos, la mayoría fueron vistas como perjudiciales.

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Algunas de ellas están orientadas a la protección de los ciudadanos en el entorno digital, como la aprobación de la Ley Olimpia a nivel nacional, sin embargo, otras resultaron controvertidas por las consecuencias que podrían tener en detrimento de los propios usuarios, como la Ley Federal de Derechos de Autor.

Incrementos de impuestos y bloqueos a apps

Uno de los temas que más molestó este año fue el aumento del 16% por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) a sus servicios tecnológicos. Esta disposición se había aprobado desde septiembre de 2019 a través de una reforma a la Ley del IVA, pero entró en vigor hasta junio de 2020.

De esta manera, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se consideraron servicios digitales a “todos los que brindan prestaciones mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de internet u otra red, siempre que estos realicen un cobro por los mismos”.
Sin embargo, no es la única polémica que se generó a partir de estas plataformas, pues esto desembocó en una disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que en el Presupuesto de Egresos 2021 solicitaron que toda empresa que trabajara por vía digital debía registrarse y así se le retendría el 2.4% de ISR. En caso de incumplir con alguna de las dos medidas, podrían ser bloqueadas.

Esto generó importantes descontentos en varias vías. Uno de los argumentos es que como se retendrá el mismo porcentaje tanto a pequeños como a grandes empresarios, unos podrán cubrir el gasto, mientras los otros no.

Durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 en México, dos de cada 10 Pequeñas y medianas empresas (Pymes) apostaron por el comercio digital, según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online.

Por ello, señaló la Asociación Latinoamericana de Internet, “proponer una desconexión de internet a las plataformas implica imponer barreras a la innovación, al desarrollo económico y, en última instancia, a la supervivencia de Pymes que han apostado por la digitalización”.

En este sentido, otros actores empresariales ligados a la tecnología han advertido que es necesario entablar mesas de trabajo tanto con reguladores, gobierno y plataformas digitales bajo el objetivo de lograr un consenso en este tipo de regulaciones para llegar a un escenario de estabilidad tanto para los inversores nacionales como los extranjeros.

Ley Federal de Derechos de Autor y la censura en internet

En junio, diputados y senadores discutieron una de las iniciativas más polémicas del año en materia digital. Derivado de la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TMEC), los legisladores aprobaron reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor, las cuales rescataron de sexenios pasados y causaron controversias por temas de censura y castigos ante la reparación de dispositivos.

Según lo dispuesto en esta legislación, un contenido en internet podrá ser dado de baja si es que un tercero lo solicita con el argumento de que viola sus derechos de autor aun cuando no presente prueba alguna que lo sustente.

Estas modificaciones se basan en un principio que los defensores de los derechos digitales han llamado de “notificación y retirada”, el cual obliga a los intermediarios de internet (YouTube, Google, Facebook, etc.) a eliminar cualquier producto de sus usuarios si una persona alega que se violaron sus derechos de autoría incluso sin argumentos de la supuesta infracción o sin que una autoridad judicial lo ordene.

Si un usuario busca apelar la censura de su contenido, puede llevar a cabo un “contra aviso” y así restaurarlo, pero si el denunciante original insiste e interpone una demanda, el producto se mantendría censurado durante la resolución del juicio.

Al respecto, desde la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), advirtieron que si las autoridades consideran que el “contra aviso” constituye una “declaración falsa”, podrían imponer una multa que oscilaría entre los 85,000 y 1,700,000 pesos.

Ante esto, la organización civil, Artículo 19, comentó que un accionar de esta naturaleza establecería “un mecanismo de censura altamente violatorio del derecho a la libertad de expresión” consagrado tanto en la Constitución como en diversos tratados internacionales.

Es importante resaltar que esta no es la única afectación que traerían consigo las reformas, pues también se impondrían “medidas tecnológicas de protección” o “candados digitales”, los cuales limitarían, entre otras cosas, las posibilidades que actualmente se tienen para reparar bienes digitales.

Por ejemplo, un usuario no podría hacer copias de información de equipos y sistemas, pues estas reformas tienen como objetivo proteger software o hardware bajo argumentos de derechos de autor. En este sentido, tampoco se podría reparar un dispositivo por cuenta propia o “averiguar y deshabilitar las funcionalidades que amenazan nuestra privacidad”, comentó Luis Fernando García, director de R3D.

Ley Federal de Derechos, los posibles obstáculos hacia el 5G

Para octubre, otra legislación que resultó polémica por los efectos que podría tener en la implementación de la red 5G en el 2021, fue la Ley Federal de Derechos, cuyo dictamen aprobado por los diputados estableció que el gobierno debía cambiar los montos de particulares para cubrir la prestación de sus servicios.

En este sentido, uno de los temas relevantes fue el aumento en el precio del uso del espectro radioeléctrico. Sobre este tema, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pidió a los legisladores que se redujeran los montos de los derechos contenidos en los artículos 244-H, 244-I y 244-J, los cuales están relacionados con las bandas de frecuencias de dicho espectro.

Estas bandas serán de suma importancia en el futuro tecnológico de México, pues resultarán vitales para el despliegue de servicios de internet y telefonía móvil de quinta generación (5G), las cuales este órgano regulador planea licitar en los próximos años.

De mantenerse los montos elevados para el uso del espectro radioeléctrico, el IFT advirtió que “no sólo se pondrían en riesgo los procesos de licitación previstos para esta porción del espectro, sino que se podría retrasar irremediablemente la introducción de esta tecnología al país”.

Asimismo, alertó que se podría ocasionar un atraso en la competitividad nacional, pues la red 5G contribuye en el despliegue de tecnología como el internet de las cosas, la inteligencia artificial o el Big Data, las cuales pueden tener un impacto en aspectos como la teleducación, la telemedicina y el entretenimiento, entre otros.

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