En la revisión a la Cuenta Pública 2016, realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se encontraron irregularidades en el gasto del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la contratación del servicio de vales de gasolina, que durante 2016 ascendió a 80 millones de pesos.
También se identificaron anomalías en la compra de artículos de oficina; pagos injustificados de licencias por enfermedad, cambios de puesto y resoluciones judiciales; así como el traspaso irregular de recursos de unas partidas a otras.
En particular en el caso de los vales para gasolina en la Judicatura, el órgano fiscalizador detectó irregularidades en el gasto de aproximadamente 82 millones de pesos.
El organismo del Poder Judicial entregó dos adjudicaciones directas, una por el periodo de enero a febrero de 2016, y otra de febrero a diciembre de 2016, a una empresa que cobró comisiones superiores a las indicadas en los respectivos análisis de mercado.
La Judicatura pagó comisiones de 2.5 por ciento por la prestación del servicio, cuando los estudios referidos indicaban que el cobro por ese concepto debía ser de uno por ciento.
Por tal motivo, la ASF recomendó que, en adquisiciones referentes a la dotación de combustibles para vehículos oficiales, se considere la contratación de otras opciones que permitan reducir costos e incrementar el control, eficiencia y eficacia en el suministro.
También emitió la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, para que la Contraloría del Poder Judicial investigue y en su caso, inicie el procedimiento administrativo que corresponda por las irregularidades de los servidores públicos que recontrataron el “Servicio de suministro de Vales de gasolina” en 2016, con la misma empresa adjudicada de manera consecutiva en ejercicios anteriores.
Puntualizó que en el gasto en “Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos oficiales”, se destinaron 82 millones 704 mil pesos, y de esa cantidad, se utilizaron seis millones 737 mil pesos en la recontratación del “Servicio de suministro de vales de gasolina” para el mes de enero de 2016.
Se gastaron otros 74 millones 307 mil pesos en una adjudicación directa entregada a la misma empresa, sin que esta garantizar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad.
“Menoscabando con ello, el garantizar las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para el Consejo de la Judicatura”, agrega el análisis.
La Auditoría también identificó el traspaso irregular de recursos de una partida a otra, en especial a la de “Fideicomisos para Financiamiento de Infraestructura”, al que se destinaron originalmente mil 329 millones de pesos y en 2016, terminó con un saldo de tres mil 706 millones de pesos.
De igual modo, dictó promoción de sanciones por responsabilidades administrativas por el gasto de más de 49 millones 595 mil pesos en la compra injustificada de útiles y materiales de oficina.
Asimismo, alertó sobre el posible daño y perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por el pago de un millón 166 mil pesos por concepto de licencias por enfermedad, cambios de puestos y resoluciones judiciales, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
