El mes de mayo ha traído dos hechos que llaman profundamente la atención y dejan en el ambiente sensaciones encontradas. Un amplio sector poblacional observa con escepticismo y desconfianza anuncios, comentarios y debates en torno a dos temas: uno, la reforma de la Ley de Pensiones del Estado; el otro, la vinculación a proceso por tres de los siete delitos imputados a Javier Duarte por la fiscalía veracruzana.
Los dos hechos coincidentes en tiempo, llaman a preocupación, desde la perspectiva de los jubilados y pensionados que dependen de las cuotas de los trabajadores afiliados al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), de las aportaciones solidarias y de los recursos estatales y municipales, que conforme transcurren los tiempos, son más difíciles de gestionar por las autoridades.
En el tema del IPE, además de su riesgosa estabilidad financiera, surgen diferentes hilos que llevan a distintas partes y a diversos personajes, que explicarían las desastrosas finanzas que pusieron en peligro su viabilidad y supervivencia institucional.
Nadie puede decir que el desastre financiero de la institución surgió en el anterior gobierno. La realidad es que ese desastre se forjó desde hace varias décadas, a causa de gobernantes, funcionarios del instituto y líderes sindicales inescrupulosos, irresponsables o que resultaron verdaderos ladrones.
En la política y en la burocracia veracruzana, muchos recuerdan los primeros hilos de corrupción que mermaron el patrimonio del instituto: sueldos exorbitantes a directivos, pago de aviadurías a excelsos comisionados, hospedajes y alimentación gratuita a decenas de políticos en hoteles del IPE, uso de instalaciones para eventos grandes y pequeños sin pago, viviendas entregadas a recomendados, préstamos impagados y otros casos más de fallas o irregularidades con cargo al patrimonio institucional y a las cuotas de trabajadores afiliados.
Los siguientes hilos o deshilados del patrimonio del IPE, conducen a dos o tres exgobernadores, los que en lugar de depositar presupuestos y cuotas de ley en el instituto, las destinaron a otros fines e hicieron circo, maroma y teatro, retribuyéndole con hectáreas de terrenos en breña que fueron segmentados de las reservas territoriales del estado, situación que afectó duramente las finanzas del instituto, y en especial la importante reserva estratégica.
En el caso de las denuncias que el gobierno de Yunes Linares presentó contra Javier Duarte, cabe decir que estas son pertinentes desde varios puntos de vista. Primero, por tanta evidencia de irregularidades cometidas por su administración. Estamos en una época previa a elecciones y pudiera darse el caso de que candidato presidencial que todo perdona, y que parece que va a ganar en julio, nos anuncie en los próximos meses que Duarte ya pago sus culpas y que saldrá libre del proceso en su contra, instrumentado por la PGR.
Segundo, porque es imperdonable que el gobierno anterior no hubiera aclarado o comprobado los diferentes fondos federales que de manera insistente reclama la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que se arrastran desde el año 2010 hasta el 2016. Se habla de un faltante de solventación de observaciones que asciende a 47,350 millones de pesos.
Esto significa que a la deuda con los bancos y a los pasivos con proveedores y contratistas, habrá que sumarle esta última cifra que nadie termina de aclarar en qué o cómo se gastó, y que pudiera ser objeto de futuras devoluciones.
No se puede negar que el desfalco duartista tuvo efectos negativos en las finanzas del IPE y obligó a que el gobierno de Yunes Linares tuviera que pedir dinero fresco a los bancos para sostener temporalmente su solvencia. Y es posible que, de nueva cuenta, después del cambio de gobierno estatal, la administración entrante se vea obligada a contratar un préstamo urgente para liquidar obligaciones de fin de año.
Por estas consideraciones, Yunes Linares estaba seriamente obligado a presionar e insistir en la vinculación de Duarte a proceso, y con ello evitar ser acusado de connivencia u omisión.
Porque el horno social no está para bollos. Independientemente de cómo resulten las modificaciones a la Ley del IPE, no se puede negar que la institución camina con un traje deshilachado. Las pensiones estatales se sostienen sobre un entramado de delgados y delicados hilos que pueden no soportar indefinidamente su peso.
