Trece líderes de la secta Aum Shinrikyō, incluyendo su fundador Matsumoto Chizuo (conocido como Asahara Shōkō), fueron ejecutados los días 6 y 26 de julio de 2018 por su participación en la organización de una serie de crímenes abyectos entre los que se incluye el ataque con gas sarín en el metro de Tokio en marzo de 1995, que acabó con la vida de 13 personas. Tras finalizar el último de los juicios relacionados con la secta Aum en enero de 2018, siete de los 13 reos condenados a muerte en el Centro de Detención de Tokio fueron trasladados en marzo a otros cinco centros de detención con instalaciones para llevar a cabo las ejecuciones situados en varios puntos del país. Este acto fue considerado como uno de los pasos previos al inminente cumplimiento de su sentencia. Se ha comentado que la decisión de ejecutar a los prisioneros se ha fundamentado en esta ocasión en la dificultad de hacer esto en 2019, el año de la sucesión imperial, o 2020, cuando se celebrarán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio.
El Código de Procedimientos Criminales de Japón estipula que la pena de muerte debe ser llevada a cabo dentro de los seis meses que siguen al dictado de la sentencia, pero la realidad es que esto casi nunca se cumple. Entre el año 2000 y julio de 2018 se han llevado a cabo 89 sentencias de muerte. El período más corto entre una sentencia y una ejecución fue de un año, mientras que el más largo fue de 19 años y 5 meses. El Ministerio de Justicia no aclara cuáles son los criterios por los que se decide ejecutar a un reo. De hecho, antiguamente no solía ni siquiera anunciar que se había llevado a cabo una ejecución. Solo a partir de octubre de 1998 comenzó a hacerse pública la información referente a las ejecuciones y el número de ejecutados con el ministro de Justicia Nakamura Shōzaburō en el cargo. En septiembre de 2007 el que era ministro de Justicia entonces, Hatoyama Kunio, ordenó al ministerio publicar también los nombres de los reos y el lugar en el que se habían realizado las ejecuciones.
Las decisiones que atañen a las ejecuciones parecen reflejar el pensamiento y la opinión del ministro de Justicia que esté en el cargo en dicho momento. Sugiura Seiken, por ejemplo, declaró abiertamente tras ser nombrado para el cargo en octubre de 2005 que no ordenaría la ejecución de ningún reo acogiéndose a sus principios religiosos y filosóficos. Aunque poco después se retractó de dicha declaración tras ser criticado y ponerse en cuestión su derecho como ministro de Justicia para negarse a cumplir con un deber estipulado por la ley, finalmente no firmó ninguna orden de ejecución durante el tiempo que ocupó esta cartera, unos 11 meses. Contrasta con la actitud de Sugiura, en cambio, la actuación de otros ministros que firmaron órdenes de ejecución con una frecuencia de una cada pocos meses.
Solo nueve personas fueron ejecutadas entre septiembre de 2009 y diciembre de 2012 bajo el Gobierno del Partido Democrático de Japón (PDJ), cuyos ministros de Justicia mostraron reticencia a la hora de permitir el cumplimiento de esta pena. Chiba Keiko, la primera ministra de Justicia del PDJ, se opuso en principio a la pena de muerte y fue uno de los miembros de la Dieta que pidieron su abolición. En julio de 2010, no obstante, firmó la orden de ejecución de dos reos en el corredor de la muerte. Chiba fue testigo de las ejecuciones (fue la primera persona en dicho cargo que acudió al patíbulo), tras las que expresó su deseo de que estas sirvieran para generar un debate a nivel nacional sobre la pena de muerte. Para este fin Chiba nombró un grupo de estudio dentro del ministerio que consideraría si la pena capital debería continuar. En agosto de ese mismo año, Chiba abrió a los medios por primera vez la sala de ejecuciones del Centro de Detención de Tokio y la habitación en la que los reos se reúnen con sus representantes religiosos.
Eda Satsuki, nombrado ministro de Justicia en enero de 2011 bajo el Gobierno del primer ministro Kan Naoto (PDJ), aseguró en una rueda de prensa que “la pena de muerte es un castigo deficiente”, aunque más tarde retiró esta declaración. En julio de ese mismo año Eda expresó su intención de no firmar ninguna orden de ejecución mientras el grupo de estudio nombrado por Chiba continuase reuniéndose. Ese año no se llevó a cabo ninguna ejecución. El grupo de estudio continuó su trabajo bajo el mandato del siguiente ministro de Justicia, pero su última reunión se celebró en marzo de 2012 sin llegar a ninguna conclusión y apenas registrando varias opiniones situadas en ambos espectros del debate.
Cuando Japón introdujo los juicios con jurado en 2009, la ciudadanía se vio de repente involucrada directamente en las decisiones en torno a la pena capital. En 2017 se sucedieron una serie de ejecuciones de reos que solicitaban un nuevo juicio. Ahora, más recientemente, se han vuelto a elevar críticas dentro y fuera de Japón sobre la ejecución de varios miembros del Aum Shinrikyō el mismo día. Esto generará posiblemente un nuevo debate sobre la abolición de este castigo.
