El magistrado del Tribunal Electoral federal, Felipe Fuentes Barrera, señaló que de reducirse el financiamiento público, se deben prever medidas que garanticen que en la ley no haya vacíos que permitan el ingreso ilegal de recursos.
Al participar en el seminario Internacional Integridad y Justicia Electoral, organizado por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, señaló que el esquema del financiamiento político en México es necesario para garantizar y evitar presión en las elecciones.
En el marco del Día de la Democracia costarricense, el magistrado de la Sala Superior indicó que, a pesar de la existencia de áreas de oportunidad en el sistema de financiamiento político, “el financiamiento público es necesario”.
De ahí que su prevalencia constituye un mecanismo de garantía para que grupos de interés y otros factores externos no ejerzan mecanismos de presión en las elecciones ni en las decisiones de interés público, agregó.
En el evento, celebrado en San José de Costa Rica, el magistrado indicó que la definición de cambios sobre el esquema de financiamiento político en México es un tema presente en la sociedad y en la agenda política actual.
Con la conferencia titulada Financiamiento político en la región: Situación actual, tendencias de reforma y desafíos, el magistrado Fuentes Barrera subrayó que la excepción al principio de prevalencia, la constituyen las candidaturas independientes.
Añadió que las mismas, por su naturaleza, deben acceder a un mayor financiamiento privado, “siempre y cuando se aseguren límites individuales razonables para cada aportante”.
Fuentes Barrera observó que, de reducirse el financiamiento público (conforme a múltiples iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión), “debemos prever medidas que garanticen que en la ley no queden vacíos que den lugar a las vías ilegales de financiamiento”.
Por eso, advirtió, es importante que si se considera abrir espacios a las opciones de financiamiento privado, se aseguren límites individuales bajos para cada aportante.
Además, que se revise por la autoridad, cuando sea necesario, la verdadera capacidad económica de quien aporta, para evitar prestanombres o simulaciones.
Esta medida, subrayó, podría estar aparejada de otras adicionales, como el aumento en la proporcionalidad de las multas impuestas a los partidos políticos en caso de incurrir en violaciones al marco normativo y la revisión del esquema de responsabilidad.
