A 25 años de su alzamiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) prepara una nueva forma de oponerse a algunos de los proyectos más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La dirigencia zapatista —que lleva 16 años sin dialogar de manera oficial con ninguna administración federal— se encuentra reunida estos últimos días de 2018 en el poblado autónomo de Guadalupe Tepeyac, Chiapas, con simpatizantes y organizaciones de diversos lugares del país que apoyaron la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, como vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), una instancia creada por los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena (CNI) para intentar participar en los pasados comicios.
Una de las principales ideas que se discuten es si las redes de voluntarios que consiguieron más de 280 mil firmas de apoyo a la candidatura de Marichuy, además de seguir apoyando la lucha de diversos pueblos originarios que forman parte del CNI, se deben sumar a otras batallas sociales, urbanas y rurales de México y otros países.
El nombre provisional que ha tenido esta nueva instancia es el de Redes de Resistencia y Rebeldía. Desde octubre pasado, tras el triunfo de López Obrador en las elecciones, el EZLN sostuvo reuniones con el CNI y el CIG para analizar el escenario actual. En un texto elaborado en conjunto concluyeron que el nuevo gobierno emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) amenaza a los pueblos Binniza, Chontal, Ikoots, Mixe, Zoque, Nahua y Popoluca del Istmo de Tehuantepec con sus proyectos trasístmicos y la expansión de las Zonas Económicas, así como a los pueblos mayas del sureste con su proyecto de tren que recorrerá los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas.
También consideraron prioritario oponerse a la anunciada siembra de un millón de hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país y la oferta para que sigan invirtiendo las empresas mineras que tienen concesionadas grandes extensiones de los territorios indígenas, así como la incorporación de 50 mil jóvenes a las fuerzas armadas y la actualización del Tratado de Libre Comercio, cuya entrada en vigor hace 25 años, fue el marco de la insurrección zapatista de 1994.
AUTONOMÍA DE FACTO
El 1 de enero de 1994 el EZLN se alzó en armas tomando las cabeceras de siete municipios de Chiapas. Con el paso de los días, su levantamiento no fue aplastado por las fuerzas militares ni tampoco detonó una insurrección a escala nacional, como esperaba la organización hasta entonces clandestina. Tras la declaración oficial de amnistía y cese al fuego por parte del gobierno, la guerrilla impulsó desde la selva Lacandona la apertura democrática de México, mientras que los escritos del subcomandante Marcos, líder inicial de la gesta, se convirtieron en un referente de la lucha contra el neoliberalismo a escala global.
Tras un largo camino de negociaciones, tensiones y desacuerdos con los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, sin demasiados aspavientos mediáticos, los zapatistas declararon en 2003 como territorio autónomo una serie de comunidades ocupadas desde el comienzo de la insurrección y dejaron de dialogar de manera oficial con los siguientes gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
A su modelo de gobierno independiente los zapatistas lo llamaron Caracoles. En la actualidad es regido por estas Juntas de Buen Gobierno regionales en las que participan representantes de 27 municipios rebeldes que conforman el espectro de la resistencia que ha consolidado el EZLN, al margen de las autoridades y leyes oficiales.
Durante el proceso de consolidación de esta autonomía de facto —tras la negativa de todos los partidos políticos de otorgarla a través de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar— el zapatismo se alejó de los escenarios nacionales hasta 2006, cuando, bajo el marco de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, lanzó una iniciativa de organización apartidista y anticapitalista llamada La Otra Campaña, en la que marcó distancia con López Obrador, candidato presidencial del PRD en las elecciones de ese año, quien en 1994 había recibido el respaldo del zapatismo, tras ser derrotado en las elecciones por la gubernatura de Tabasco.
La decisión de no apoyar a López Obrador en 2006 provocó que los zapatistas perdieran apoyo entre algunos simpatizantes y organizaciones que decidieron optar por la vía electoral, aunque el zapatismo se consolidó al interior del Congreso Nacional Indígena y otras expresiones políticas. Durante los años siguientes, la organización vivió de manera interna dos momentos claves.
El primero, que no trascendió sino hasta años después, ocurrió en 2010, cuando el subcomandante Moisés asumió la dirigencia militar de la organización; el segundo, en 25 de mayo de 2014, cuando, tras el asesinato de un militante zapatista llamado Galeano, fue decretada la muerte del subcomandante Marcos, para renacer ese mismo día con el nombre de subcomandante Galeano, actual vocero.
