El periodista Froylán Flores Cancela (+) contaba que a principios del siglo XX en el camino de herradura que existía entre los pueblos serranos de Chiconquiaco y Misantla -su tierra natal-, solía hacer de las suyas la temible banda de Los Tiznados. El grupo de facinerosos acostumbraba robar a los atrevidos viajeros que recorrían ese aislado trecho. Decía el viejo reportero que para realizar sus fechorías y no ser reconocidos, los maleantes se untaban en la cara la ceniza que llevaban en unas pequeñas bolsas sujetas al cinturón.
El tema de los tiznados, manchados o enlodados, ha regresado cien años después y puede dar mucho que hablar en las semanas por venir. Parece que Javier Duarte de Ochoa no quiere pagar él solo, el suculento banquete de recursos públicos que se dio y que compartió con no pocas personas de su entorno laboral y político. Placer o placeres orgiásticos que obtuvo a costa de los veracruzanos durante su gestión como gobernador, y que lo tendrán en la cárcel por nueve años.
En la semana se dieron a conocer dos noticias, después de que Duarte había hecho fuertes declaraciones y amenazas de descubrir cómo es que se repartieron los pasteles que se comieron. Una de ellas, que tiene que ver con la cantidad de 3,500 millones de pesos, según él, entregados a la campaña de Peña Nieto en 2012. La otra, la revelación de que la Fiscalía General de la República se disponía a levantarle la declaración en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Esto puede indicar que Javier Duarte se dio cuenta de que, al no aparecer los dineros públicos robados al erario, la sociedad lo tiene a él como único beneficiario de tal fuga de billetes, y que todos los demás cómplices -los que mataron la vaca y los que le agarraron la pata- están limpios, o tiznados, cuando mucho. Y desde luego que eso no le hace mucha gracia y le parecerá injusto, además de complicarle su proceso de defensa.
Y es el momento en que deben analizarse de nuevo algunas cuestiones: Si Duarte de Ochoa entregó, como supuestamente afirma, esos 3,500 millones de pesos, en la forma referida por los medios de comunicación, entonces en ello participaron varios que eran funcionarios de su gobierno, y se verán sujetos a nuevas investigaciones y a nuevos procedimientos judiciales.
Se habla de Tomás Ruiz, el primer exsecretario de finanzas, pero esto significa que están inmiscuidos en esas irregularidades, aquellos que estuvieron en tesorería, en la subsecretaría de finanzas y administración, en la propia procuraduría fiscal de la Sefiplan, en la contraloría interna y en la contraloría general, en las dependencias donde estaban presupuestados esos recursos, que pudieron haber sido entre otras, la SIOP, la SEDESOL, la SEDARPA, quizá SEGOB, el DIF, CAEV, COBAEV y el programa Adelante.
Y de extenderse esas investigaciones, pudieran salir involucrados por omisión Yunes Linares y funcionarios de su bienio. Y la pregunta es esta: si lo que pudiera vomitar Duarte, al agregar años posteriores, no implicaría a gente relacionada con Morena y con AMLO, como alguna vez deslizaron algunos actores. Sin olvidar a los prominentes empresarios veracruzanos que se prestaron al desfalco.
Recuérdese que Tomás Ruiz González, el principal involucrado ahora, fue motivo de burlones rumores en palacio, cuando para desligarse del gobierno duartista, exigiera dos millones de dólares como bono de retiro. ¿Los exigió así porque cobraba en dólares, o porque ese era el precio de su silencio?
El presidente López Obrador dice que los rumores son siempre dañinos porque, si no manchan, tiznan de cualquier manera. Habría que ver si Tomás Ruiz, Gabriel Deantes, Juan Manuel del Castillo, Vicente Benítez, Carlos Aguirre, Tarek Abdalá, y los otros 25 excolaboradores y prestanombres que se rayaron con el presupuesto estatal, llegan a vestir los austeros uniformes de prisión, o si solo continúan en la bien conocida banda de los tiznados.
