Duro revés legal a Donald Trump aunque logra limitar daños. Un juez federal en Nueva York desestimó inicialmente este lunes la petición del presidente de los Estados Unidos para que se bloqueara la solicitud del fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus Vance, por la que le reclamaba la entrega de ocho años de su declaración de impuestos en el marco de una investigación penal. El magistrado Víctor Marrero concluye que no es inmune. Trump consiguió una hora después dilatar el proceso con una apelación de emergencia.
Marrero ordenó a los contables de Trump que entregaran la información requerida por Vance. Al magistrado no le convenció el argumento de “las cargas y las interferencias que describe” el presidente en este caso al referirse al cumplimiento de sus deberes constitucionales. El fiscal neoyorquino está investigando los pagos que hizo el entonces candidato a las presidenciales de 2016 para silenciar a dos mujeres con las que tuvo relaciones sexuales.
Cyrus Vance reclama ocho años de declaraciones de impuestos personales de Donald Trump y de sus negocios. Los abogados del mandatario argumentan que es inconstitucional someter a un presidente en funciones a proceso penal. “Este tribunal no puede respaldar una afirmación tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial”, respondió el magistrado. Con su fallo obligaba así a la firma contable Mazars a entregar al fiscal estatal los documentos requeridos ya este mismo lunes. Pero otro juez suspendió poco después la orden mientras examina la apelación.
La opinión de Marrero está explicada en 75 páginas. El juez rechaza la teoría de Donald Trump diciendo que no solo su comportamiento sería inmune a una investigación, también la sospecha de «mala conducta de cualquier otra persona, afiliado comercial, asociado o pariente que pudiera haber colaborado con el presidente en cometer actos supuestamente ilegales». «Esa doctrina repugna la estructura gubernamental y los valores constitucionales de la nación», concluye.
Vance envió la primera citación judicial a Mazars el pasado agosto como parte de la investigación a los pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels y la modelo Karen McDougal por parte del abogado Michael Cohen, que cumple condena en prisión tras declararse culpable por violar las leyes de financiación de la campaña. El fiscal trata de determinar si con esos abonos la organización Trump se violó una legislación estatal contra la falsificación de registros comerciales.
La conclusión rotunda de Marrero se conoce solo unos días después de que el Departamento de Justicia interviniera en el caso, tratando de que se bloqueara temporalmente la solicitud para poder así considerar las implicaciones legales. También cuestionaba que este expediente debería estar confinado a un tribunal estatal, en lugar de una federal. Vance, por su parte, pidió una decisión para evitar que expirara el plazo para perseguir el delito.
No es el único frente al que se enfrenta Trump por sus impuestos. El presidente ya presentó también a finales de julio una demanda a título personal contra el Comité de Medios de Arbitrios de la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, y contra el Estado de Nueva York para tratar de bloquear que sus declaraciones fiscales llegaran al Capitolio. La acción legal de Trump tuvo lugar después de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmase una ley por la cual el fisco del Estado puede entregar a los comités del Congreso los datos del mandatario si hay un interés legítimo.
La demanda del presidente apuntaba a que la legislación firmada por Cuomo era contraria a la Constitución y suponía un intento de exhibir su información privada con el fin de obtener réditos electorales. En la campaña electoral de las elecciones presidenciales de 2016, Trump ya rompió la tradición de hacer públicas sus declaraciones de impuestos como muestra de transparencia. Es el primer presidente en 40 años que no las publica.
