La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició la carpeta DAV/1118/2019 por la desaparición de siete comerciantes en el municipio de Ixtaczoquitlán, quienes habrían sido desaparecidos por policías municipales.
Así lo confirmó la presidenta (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, quien detalló que abrieron una queja de oficio.
Añadió que personal de la CEDH está dando acompañamiento a los familiares de las víctimas y documentarán los hechos
El Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba también confirmó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ya atiende a las familias de los 7 comerciantes, quienes desaparecieron días atrás, después de que algunos fueran detenidos por la Policía Municipal de Ixtaczoquitlán.
La activista Ana Lilia Jiménez Sandoval, quien acompañó a los afectados para interponer la denuncia ante la Fiscalía Regional en Córdoba, dijo que tras la detención las autoridades no permitieron a los comerciantes contactar a sus familias, por lo que podrán interponer una queja ante la violación de sus derechos.
El Colectivo Familias Desaparecidos Orizaba-Córdoba atribuye la desaparición de las personas a una orden del director de Gobernación de ese Ayuntamiento, Octavio Alejandro Pérez.
Namiko Matzumoto Benítez
Cabe destacar, que los siete desaparecidos habrían sido detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de que los comerciantes fueron a vender ropa al municipio de Fortín, y durante la madrugada del pasado 26 de octubre fueron detenidos en La Quebradora.
“Últimamente se están dando muchos casos de ejercicio abusivo por parte de las fuerzas de seguridad y en todos aquellos casos en que quede debidamente acreditado habrá una recomendación”, aseveró Matzumoto Benítez,
Según medios locales, se trata de la desaparición de Joel Reyes Flores, de 43 años de edad; Daniel García Reyes, de 26 años; Ricardo Montesinos Núñez, de 20 años; Humberto Gil García, de 32 años; Jorge Obet Reyes Flores, 41 años; de Luisa Carrera Valdez, 30 años de edad y su marido, Jorge Alducín, de 45 años.
Matzumoto Benítez urgió a que las autoridades sancionen a los servidores públicos que violen la Ley y opinó que en caso contrario, se envía un mensaje de impunidad para que sigan cometiendo actos ilegales.
Recordó que ha habido quejas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y policías municipales, y que la CEDH ha emitido recomendaciones que son por el uso excesivo de la fuerza hasta casos de tortura.
“El hecho de que este órgano cumpla con su función y emita una recomendación es solo una parte, la segunda parte es que estos malos servidores públicos sean sancionados en procesos administrativos internos y por supuesto que sean denunciados y se comiencen procesos penales correspondientes”, consideró.
