«Carta blanca» a los militares para reprimir en las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó ayer sobre la vigencia en Bolivia del decreto 4078 aprobado por el Gobierno interino de Jeanine Áñez y que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan de los operativos para restablecer el orden en ciudades como La Paz y Cochabamba, donde se dan manifestaciones en apoyo a Evo Morales.
Suman ya 23 los fallecidos –y 715 heridos– en casi un mes de manifestaciones en Bolivia, según un último balance de la CIDH, que también denuncia como «grave» ese decreto del Áñez que autoriza a los militares a controlar el orden público a la vez que les exime de responsabilidades penales. También lo condenó el expresidente Morales desde México, asegurando que sentía «miedo» a que se desate una guerra civil. Sin embargo, el ministro de Defensa, Fernando López, defendió el decreto y atacó a la CIDH por su información «sesgada». «No se dan cuenta de que nos enfrentamos a grupos armados, con armas de grueso calibre», lamentó López.
Mientras siguen abiertas las dos vías de un devenir difícil de predecir: la política y las protestas en las calles. Los productores de la hoja de coca del Chapare se reunieron en asamblea y dieron un plazo de 48 horas para que renuncie la presidenta interina. En caso contrario realizarán un bloqueo nacional e indefinido de caminos hasta que sus exigencias sean escuchadas. Se unirían así a los temidos «Ponchos Rojos», una milicia aymara que ayer continuaba de vigilia en la céntrica plaza de San Francisco. Por ahora el Palacio Quemado donde se atrinchera Áñez permanece asediado, pero los seguidores de Evo no han logrado llegar a sus proximidades.
En medio de la convulsión política que vive el país, los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales, convocaron asimismo para mañana a una Asamblea Legislativa con el fin de iniciar el proceso para convocar a nuevas elecciones. «Tenemos toda la voluntad política de poder encarar una nueva elección. Convocamos al ahora oficialismo a poder sentarnos para dialogar sobre las bases en las cuales se va a enmarcar esta convocatoria y estas elecciones», anunció Eva Copa, presidenta de la Cámara de Senadores, una de las figuras del MAS.
Pero el partido de Evo no tendrá fácil maniobrar de ahora en adelante. El nuevo ministro de Transición, Arturo Murillo, anunció la creación de un «aparato especial de la Fiscalía» para detener a diputados afines al MAS que estarían cometiendo actos de subversión y sedición. «Hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (…). A partir del lunes, ya tengo listas, los van a empezar a detener con órdenes fiscales», afirmó Murillo al diario «Los Tiempos».
