Salir de la Unión Europea en enero y mejorar la financiación del respetado pero deteriorado sistema público de sanidad son las prioridades del nuevo programa de política general que el jueves presenta el gobierno británico por boca de la reina Isabel.
Tras las legislativas de la semana pasada, en que los conservadores de Boris Johnson lograron su más amplia mayoría desde 1987 prometiendo “llevar a cabo el Brexit”, el tradicional discurso de la monarca abre oficialmente la nueva legislatura.
En él, Isabel II, de 93 años, lee el programa del ejecutivo para los próximos años.
El último discurso de la reina se remonta solo al 14 de octubre por lo que esta vez la ceremonia será menos pomposa, sin carroza ni corona.
Hace dos meses, antes de convocar elecciones anticipadas para salir del bloqueo del Brexit, Boris Johnson ya había expuesto de este modo sus principales proyectos de ley, que ahora deben volver al Parlamento con pocos cambios.
“El primer ministro ha sido muy claro sobre cuáles cree que son las prioridades del país, el servicio nacional de salud, la lucha contra la delincuencia violenta, el fin de los desequilibrios en el Reino Unido y la realización del Brexit”, dijo su portavoz.
Independencia de Escocia
La promesa de una rápida salida de la UE valió a Johnson su aplastante victoria electoral, pero también agravó las fisuras en la unidad del país.
La jefa del gobierno autónomo escocés, Nicola Sturgeon, llamó el jueves “al gobierno británico a negociar y acordar” la convocatoria de un nuevo referéndum sobre la independencia tras el de 2014 en que ganó el no.
Consciente de la oposición de Johnson, la líder nacionalista aseguró que considerará “todas las opciones razonables para garantizar el derecho de Escocia a la autodeterminación”.
Y advirtió a Londres que intentar bloquear el “deseo democrático” de los escoceses solo resultará en un mayor apoyo a la causa independentista.
Además del Brexit, el programa legislativo de Johnson marca un endurecimiento en materia de seguridad e inmigración, pero hace también hincapié en mejorar la educación para reducir diferencias entre Londres y las regiones, donde la semana pasada conquistó muchas circunscripciones tradicionalmente obreras.
Pero, sobre todo, se compromete a acabar con la austeridad en el servicio público de salud, NHS, aumentado su presupuesto en hasta 33 mil 900 millones de libras (44 mil 350 millones de dólares, 39 mil 900 millones de euros) en 2023-2024.
El proyecto de ley sobre la financiación del NHS “será la primera pieza de legislación nacional que el nuevo gobierno quiere poner en el orden del día tras la adopción de la ley sobre el Tratado de Retirada” de la Unión Europea, subrayó Downing Street.
El Brexit, garantizado
Ahora previsto para el 31 de enero tras tres aplazamientos, el Brexit es la primera y principal prioridad de Johnson.
El proyecto de ley que debe traducir a la legislación británica los términos del acuerdo de divorcio firmado con Bruselas será sometido a la Cámara de los Comunes el viernes.
Con una mayoría de 365 diputados en un Parlamento de 650 escaños, el primer ministro tiene garantizada su aprobación. El viernes se llevará a cabo una primera votación pero su adopción definitiva quedará para enero.
“Ahora es imposible hacer descarrilar las intenciones del gobierno como ocurrió en los últimos doce meses”, subraya el analista Jill Rutter, del centro de reflexión política UK in a Changing Europe.
Alcanzado en noviembre de 2018 por la entonces primera ministra conservadora Theresa May, el acuerdo fue rechazado tres veces por un parlamento sin mayoría sumiendo al país en la incertidumbre.
Será también después del receso de fin de año cuando los nuevos diputados debatan y voten sobre el programa legislativo expuesto en el discurso de la reina.
Tras la aprobación del Tratado de Retirada comenzará sin embargo una segunda fase, más compleja, de la negociación del Brexit: la futura relación comercial entre Londres y Bruselas.
Y para asegurarse de que no se producen más aplazamientos, Johnson prometió incluir en la ley la prohibición legal de ir más allá del plazo fijado al 31 de diciembre de 2020.
