Derivado de la información publicada por Palabras Claras en la que se da a conocer la inhabilitación del director Administrativo del DIF estatal, Héctor Fernando Ruz Santamaría, salieron a relucir posibles actos de corrupción detectados en licitaciones organizadas por dicho funcionario y que cuentan con el aval de la titular del organismo, Verónica Aguilera Tapia.
A la redacción de este medio llegó una notificación realizada a Aguilera Tapia en la que una empresa ofreció precios asequibles adquirir programas auditivos en beneficio de veracruzanos de escasos recursos, sin embargo, la dependencia optó contratar por 19 millones 373 mil 334 pesos a una proveedora que ofertaba precios mayores entre el 34 y 50 por ciento.
El pasado 14 de enero de 2019 la empresa StarKey, con sede en la Ciudad de México, envió a la directora general del DIF estatal una propuesta de servicios y colaboración para beneficiar a población que padece hipoacusia en la entidad.
Ofertó dos auxiliares auditivos retroauriculares digitales programables por computadora para pérdidas medias a severas del oído y para pérdidas profundas, con un costo, IVA incluido, de 3 mil 500 pesos.
También informó sobre una diadema de conducción ósea para pacientes con microtia o atresia, con un costo de 5 mil 900 pesos, igualmente con IVA incluido.
Sin embargo, de acuerdo con el dictamen Técnico Económico de la licitación Pública Nacional LPN-103C80801/005/2019, relativa a la adquisición de auxiliares auditivos, el DIF estatal optó por contratar a una persona física de la ciudad de Veracruz que ofertaba los mismos aparatos con sobrecostos. (http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2019/09/DICTAMEN-T.-LPN-005.pdf)
A través de la Comisión de la Licitación Pública Nacional del DIF estatal, a cargo de Héctor Fernando Ruz Santamaría, se benefició con el contrato del equipo ortopédico a Norma Ofelia Almaraz Pérez.
De acuerdo con las bases del contrato en el caso de los auxiliares auditivos el precio unitario fue de 6 mil 800 pesos, sin incluir el IVA, es decir con un sobreprecio del 48 por ciento; en el caso de la diadema de conducción el precio fue de 8 mil 990 pesos, es decir a un sobreprecio del 34 por ciento respecto a la empresa StarKey.
La Comisión de la Licitación Pública Nacional estuvo a cargo del director Administrativo del DIF, quien fue recientemente inhabilitado por la Contraloría General del Estado a consecuencia de un procedimiento administrativo abierto en su contra durante su paso por la SIOP en el gobierno pasado.
Además, como funcionarios del DIF también avalaron la contratación a sobreprecio el director de asistencia e integración social y área solicitante, Marco Antonio González Rivera; el subdirector de recursos materiales y servicios generales, Salvador Sáenz Páez, así como el jefe de departamento de licitaciones, Javier Johnson Lima.
El presupuesto autorizado por el DIF para la licitación Pública Nacional LPN-103C80801/005/2019 era de 21 millones 400 mil pesos y Norma Ofelia Almaraz Pérez planteó un importe de 19 millones 373 mil 334 pesos; menor al presupuesto autorizado.
En cuanto al auxiliar auditivo para pérdida superficial a moderada se adquirieron 823 piezas a precio unitario de 6 mil 800 pesos; es decir, un importe de 5 millones 596 mil 400 pesos.
Además, respecto al auxiliar Auditivo para Hipoacusia Severa Profunda, mil 600 piezas se vendieron al DIF estatal a un precio unitario de 6 mil 800 pesos; el importe fue de 10 millones 880 mil pesos.
Finalmente la diadema de conducción ósea, para el auxiliar auditivo para hipoacusia conductiva a secundaria a malformación congénita del oído externo, por 25 piezas, se pagó un precio unitario de 8 mil 990 pesos por un importe de 224 mil 750 pesos.
De esta manera el subtotal fue de 16 millones 701 mil 150 pesos, aunque sumando el IVA por 2 millones 672 mil 184 pesos el importe total se fijó en 19 millones 373 mil 334 pesos.
CONTRATOS PARA EMPRESAS PORTEÑAS
Destacando por carecer de título profesional como lo exige la Ley, lo que sería una causa de inhabilitación para desempeñarse en el cargo, el paso de la directora del DIF estatal Verónica Aguilera Tapia por el organismo se ha caracterizado por realizar contratos a precios inflados.
En octubre de 2019, Palabras Claras (Acusan a DIF de Veracruz de inflar contratos) informó que luego de la remoción de Daniel Ruiz Reyes Sulvarán como contralor interno del DIF Veracruz, salieron a la luz diversas anomalías como el contrato con Sopricom Comercializadora y Servicios, S.A. de C.V., por el monto de 15 millones 217 mil 592 pesos para la adquisición de sillas de ruedas y bastones, entre otros.
Se reportó que en este contrato los precios de los productos están inflados si se comparan con su costo en el mercado; además, estos presentan una calidad baja e incluso algunos muestran desgastes que impiden su uso adecuado.
Otra adjudicación fue para el Grupo Farmacéutico Teteza S.A. de C.V, con un contrato de nueve millones 350 mil pesos, para la compra de bolsas de diálisis para un programa de atención y que fue otorgado en un plazo del 11 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
Con una simple búsqueda en la web, se puede constatar que el precio de la caja de la marca adquirida con ocho bolsas de diálisis tiene un costo al menudeo de entre los 300 y 500 pesos, mientras que en el contrato este costo osciló en 850 pesos.
Además, bajo el cargo de Aguilera Tapia el DIF estatal benefició de forma directa a empresas del puerto de Veracruz.
Se hizo público que el organismo otorgó por adjudicación directa el suministro de alimentos para cinco centros de asistencia a una empresa recién creada, por un monto total de 3 millones 039 mil 595 pesos, está alojada en un domicilio particular en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio, y fue fundada por un reportero.
Este medio también evidenció que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción habría requerido a la titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, una copia certificada del expediente laboral que obre en los archivos de la dirección
“Lo anterior en virtud de que esta fiscalía se encuentra integrando la carpeta de investigación al rubro citada, por la comisión de hechos probablemente constitutivos de delitos, solicitando informe lo anterior en un término de dos días hábiles contados a partir de la recepción del presente”, cita el documento que circula y que presuntamente habría sido de la FECC.
El documento fue signado por el exfiscal Especializado en la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, Jaime Téllez Lacedelli, con fecha del 01 de agosto de 2019 bajo el número de oficio FGE/FECCEV/5276/2019 y carpeta de investigación FGE/FECCEV/573/2019.
Aguilera Tapia quedó evidenciada al presentar como título profesional un documento sin sellos, firmas oficiales ni logos de institución educativa alguna, que se trata de un “testimonio de desempeño” del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).
Pese a esto el reglamento interno del DIF estatal señala en su artículo 29 de la sección tercera de la Dirección General: “Al frente de la Dirección General habrá un titular quien contará con ciudadanía mexicana por nacimiento, será mayor de 25 años, deberá contar con título profesional expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y tener tres años de experiencia en materia administrativa y de asistencia social”.
Es decir que ni siquiera cuenta con el perfil que exige la Ley para desempeñarse en el cargo. Pese a esto y los señalamientos de corrupción que sigue acumulando el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, la sigue respaldando en el cargo.
CONTRATO DE APARATOS AUDITIVOS
El contrato otorgado a Norma Ofelia Almaraz Pérez involucra los principales puestos directivos del DIF estatal, especialmente a Héctor Fernando Ruz Santamaría, como presidente del Comité que avaló la licitación y quien ya fue inhabilitado por la Contraloría del Estado a inicios de este 2020.
De acuerdo con el contrato se efectuó la inscripción y venta de bases durante el período establecido en la convocatoria y las bases de licitación, durante los días hábiles del 5 de julio al 10 de julio de 2019.
Los licitantes fueron Representaciones y Distribuciones del Rello S.A. de C.V., Norma Ofelia Almaraz Pérez y Distribuidora de Equipo Audiológico y Accesorios, S.A. de C. V., quienes adquirieron las bases en tiempo y forma, así como se inscribieron dentro del periodo establecido.
Se turnaron invitaciones de fecha 5 de julio de 2019 a la COMARMEX delegación Xalapa y al Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C, y al Colegio de Contadores Públicos de Xalapa A.C., mediante oficios DA-1452-07/19 y DA-1453-07/19 respectivamente, con el objeto de que asistieran a los procesos y Sesión de Trabajo para dar a conocer las evaluaciones y dar cumplimiento al numeral 9 del decreto 184 Acuerdo de Corresponsabilidad Social.
De acuerdo con el Comité, a cargo de Ruz Santamaría, Norma Ofelia Almaraz Pérez sí cumplió con los requisitos; por su parte Representaciones y Distribuciones del Rello S.A. de C.V no presentó propuestas y Distribuidora de Equipo Audiológico y Accesorios, S.A. de C. V presentó carta de no participación.
El 15 de julio de 2019 el área solicitante emitió el dictamen técnico correspondiente, mismo que fue entregado a la Comisión de la Licitación Pública Nacional.
En la Sesión de Trabajo, se expuso que se invitó al fallo con los oficios marcados con los números; DA/1451-07/19, Dirección de Inversión Pública de la Secretaria de Finanzas y Planeación; DA/1453-07/19 Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.; DA/1452-07/19 Presidente de la COPARMEX Delegación Xalapa, mismos que no asistieron al acto.
