En México, la crisis económica mundial desatada por el Covid-19 ha expuesto que el enemigo más grande del país puede que sea el país mismo. La herramienta más poderosa de la que dispone el Gobierno es la deuda. Utilizarla conllevaría un aumento de esta, naturalmente. Pero sobre todo exigiría un esfuerzo organizado por gastar e invertir eficientemente los recursos. Y en eso, México falla. La negativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, a recurrir a la deuda para financiar un plan de choque contra la crisis derivada de la pandemia ha intensificado aún más las tensiones con gran parte del mundo empresarial, que le reclama mayores ayudas, ha abierto grietas en el propio Gabinete y ha abocado al país a una mayor incertidumbre económica.
México goza de un acceso a los mercados financieros internacionales que otras economías emergentes desearían en un momento como este. Su reputación como deudor es fuerte y sus finanzas sanas. Como prueba están sus colocaciones de bonos, siempre bien recibidas por inversores que quieren prestarle dinero a la segunda economía más grande de América Latina a una tasa de interés atractiva. Además, es uno de tres países en el mundo -junto a Polonia y Colombia- que tienen un tipo de préstamo preaprobado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llamado Línea de Precaución y Liquidez (LPL). El FMI ha puesto a disposición de México hasta 61.000 millones de dólares. Si México decidiera utilizarlos, como lo ha hecho ya Colombia, por ejemplo, solo tiene que decirlo y los recursos estarían en las arcas del Banco de México en cuestión de días.
“No me parece que lo que está enfrentando México sea falta de fondos, sino una falta de ideas,” asegura Sebastián Brown, economista en jefe de América Latina para el banco de inversión Deutsche Bank en Nueva York. “Una falta de claridad con respecto a qué es lo que se debería hacer en una situación como esta”, añade. Gobiernos de signo político opuesto, a ambos lados del Atlántico, coinciden en que es momento de impulsar políticas de mayor gasto, contracíclicas, para paliar en la medida de lo posible las consecuencias económicas de la pandemia: aumento del desempleo, quiebras de empresas y destrucción del tejido productivo.
De acuerdo con estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda como proporción del producto interno bruto (PIB) subirá de un 45% a un 53% a final de este año, un incremento que se debe a la caída en la economía que ya se estaba dando antes de que llegara la crisis de Covid-19. A lo que habrá que sumar el déficit adicional debido al deterioro fiscal por los menores ingresos que siempre acarrea una crisis. Este nivel de deuda le da a México mayor espacio para endeudarse que economías como Brasil y Sudáfrica, cuyos déficit son más altos. Incluso si México decidiera gastar el equivalente al 3% de su PIB en medidas para contener el choque económico y su nivel de deuda alcanzara el 56% del PIB, eso lo pondría en línea con el promedio entre países emergentes en todo el mundo, de acuerdo con información del FMI. El promedio en América Latina es aún más alto, del 69%.
El Gobierno podría solventar los costos de un buen programa de mitigación al gastar más y recaudar menos impuestos, lo que, ahí sí, incrementaría la deuda. Si el Gobierno no quiere ofrecer incentivos fiscales a empresas, como el presidente ha insistido pese a los constantes reclamos, podría salvar el obstáculo mediante una emisión de un tipo de “bono coronavirus” a una tasa alta, tan pronto los mercados financieros muestren señales de apetito. Es probable que fuera exitoso, argumenta Brown, pero los inversores tendrían que estar convencidos de que el Gobierno gastará los recursos en programas o proyectos con un retorno en inversión razonable. Y es aquí donde México se encuentra en problemas.
“Si mañana México emite un bono y anuncia que los fondos que se levanten de esa emisión se van a utilizar para armar otro Tren Maya u otra refinería, la reacción pudiera ser muy negativa”, asegura Brown, en referencia a dos de las grandes promesas en infraestructura de López Obrador: un tren turístico en la península de Yucatán y la refinería de Dos Bocas, en el Estado de Tabasco.
Ambos proyectos, ya en marcha, son las apuestas como fuente de empleo y crecimiento ante la crisis mundial que reforzó el pasado domingo el presidente. Lo que se había promovido como un anuncio de su programa de reactivación económica, con un mensaje a todo el país, se tradujo en que no hay un plan nuevo. López Obrador afirmó también que expandirá programas de asistencia social, también ya en marcha, y de créditos pequeños. Por el contrario, no se facilitarán líneas de crédito para empresas, lo que descarta la posibilidad de que México subsidie los salarios de trabajadores que hoy no pueden trabajar por la contingencia sanitaria. Tampoco se condonará o retrasará el pago de impuestos ni se reorganizará el gasto para invertir más de lo planeado, unos 40.000 millones de pesos, en el sistema de salud.
Mientras tanto, desde EE UU hasta Chile, muchos países de la región están gastando cantidades históricas para pagar los salarios de empleados, tanto del sector público como del privado, que no podrán trabajar durante los periodos de aislamiento. Esta será, coinciden los expertos, la medida más importante para que sus economías se reactiven rápidamente una vez que se encuentre un tratamiento o vacuna al Covid-19.
Con base en los anuncios hechos por el presidente mexicano, se estima que el Gobierno gastará el equivalente a un 1.6% del PIB en mitigar la crisis tanto sanitaria como económica. Considerando que el año pasado el gobierno gastó menos de lo que tenía presupuestado y lo clasificó como un ahorro, empresarios y economistas consultados ven en el historial de la actual administración una ineficiencia en la inversión que podría agravar la crisis.
“Aún con la depreciación del peso, estimada en un 23% en lo que va de nuestro gobierno por esta crisis del coronavirus y los efectos en la economía mundial, a pesar de todo, estamos haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública”, aseguró el mandatario en su mensaje en cadena nacional el pasado domingo. López Obrador primero extinguió algunos fideicomisos y un fondo de estabilización del Gobierno, es decir, hizo uso de parte de los ahorros del país para hacer frente a la crisis.
El uso de fideicomisos en México no incrementará la deuda, explica Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina del banco de inversión Citi, en Nueva York. “Pero el mercado lo va a tomar como un debilitamiento de la posición fiscal de México porque se están gastando sus ahorros; a pesar de la preferencia del Gobierno de no endeudarse, es casi un hecho que lo tendrá que hacer dada la magnitud del choque”, apunta.
Todos los pronósticos de crecimiento económico de las últimas semanas, tanto de bancos de inversión y organismos internacionales, como la propia Secretaría de Hacienda, coinciden en que habrá una contracción de la economía: las predicciones varían desde el 1,6% al 8%, la caída más pronunciada. Bank of America, Citi y Goldman Sachs, entre otros, coinciden en que, entre los países de la región latinoamericana, México será el más afectado.
Las consecuencias van más allá. La falta de un programa de mitigación comprensivo para México puede empujar a millones de mexicanos a la pobreza. En un país en que la economía ya se estaba encogiendo (el año pasado bajó un 0,1%) cuando llegó este nuevo golpe mundial, 21 millones de mexicanos están en riesgo de caer en pobreza, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, un grupo de investigación económica independiente, lo que sumaría un total de 82 millones de mexicanos, de 130 millones que habitan en el país, aproximadamente.
“El Gobierno es el único agente económico con suficiente tamaño y capacidad para poder atenuar el choque”, insiste Revilla. “Por eso estamos viendo tantas intervenciones de gobierno en todo el mundo en tamaños increíbles.” Pero en México, por ahora, tal intervención no es una posibilidad.
