La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una nueva carpeta de investigación en contra del exdiputado federal del PRI y extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Antonio Tárek Abdalá Saad.
Lo anterior de acuerdo con información filtrada a medios de comunicación tras la detención de exfuncionarios del DIF estatal.
El exfuncionario fue uno de los más cercanos colaboradores de Javier Duarte de Ochoa, quien ha promovido distintos amparos para evitar su detención y está ligado a “empresas fantasma”.
Hay que recordar que contra el funcionario además pesa una orden de aprehensión liberada en 2019, por el desvío de las cuotas al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV).
En aquél entonces, la Fiscalía General del Estado, y la Fiscalía General de la República, reforzaron su vigilancia ante una posible evasión de Tárek Abdalá, con residencia en los Estados Unidos.
En el caso de la nueva investigación, a Abdalá Saad se le indaga por los delitos de fraude, abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del patrimonio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
La investigación se extendió además a la exdirectora del organismo Astrid Elías Mansur; principal colaboradora de Karime Macías Tubilla, actualmente sujeta a proceso de extradición desde el Reino Unido.
En la indagatoria igual se incluye a los previamente detenidos Luciano “N”, Pedro Francisco “N”, Claudia “N”, Teodosio “N”, César “N”, Raúl Antonio “N” y Francisco “N”, cuyo término para la vinculación a proceso concluye vence el jueves 23 de abril del presente, a las 13:25 horas.
Además, se investiga a Julián Alberto “N”, en su calidad de exdirector del Sistema DIF; y sus excolaboradores Víctor Manuel “N” y Emilia Yasbé “N”, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público.
La carpeta incluye a Pedro Manuel “N”, exDirector Administrativo de la Secretaría de Salud y exSecretario Ejecutivo del Sistema y Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Al exservidor se le relaciona con participar en la compra y venta de inmuebles, o bien con prestanombres, o bien a su titularidad.
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En el caso de Miguel Ángel “N”, otro de los investigados, ocupó el cargo de Encargado de despacho de la Dirección de Finanzas y Administración del Sistema DIF durante el ejercicio de Javier Duarte de Ochoa, además de Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Medio Ambiente de 2010 a 2012 y Subdirector de Recursos Financieros del Sistema DIF, de 2005 a 2010.
Además Víctor Manuel “N” es otro de los citados en la carpeta de investigación, y entre su curriculum destacan los cargos de Analista Jurídico en la Contraloría Interna del DIF Estatal; Analista Jurídico en la extinta Sedesma; y dentro del Sistema DIF, Jefe del Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios y Subdirector de Recursos Materiales.
Otro de los indagados es Joaquín Roque “N”, encargado de la Subdirección de Recursos Materiales y uno de los dos excolaboradores de Tárek Abdalá en la autorización de contratos con empresas “fachada”.
Igual la FGE investiga a Julián Alberto “N”, exdirector del Sistema DIF durante el interinato del exgobernador Flavino Ríos Alvarado y anteriormente, Director de Atención a Población Vulnerable.
En cuanto a María del Socorro “N”, tuvo a su cargo la Jefatura de Almacén del DIF y se investiga a Emilia Yasbé “N”; Subdirectora de Recursos Financieros del Sistema DIF.
En cuanto a los supuestos accionistas de las empresas fantasma, se incluye el nombre de Mireya Elisa “N”, representante legal de la empresa Grupo Balcano S.A. de C.V. y ganadora de una licitación con la Secretaría de Desarollo Social para la entrega de paquetes de cemento para mejoramiento de vivienda por 5.8 millones de pesos.
Fabiola Jaqueline “N” es otra de las investigadas, e igual, funge como dueña de “Grupo Balcano S.A.” y socia de la cooperativa SOPS; que también recibió contratos del Gobierno de Javier Duarte.
En el caso de Pablo “N”, su nombre aparece en actas inscritas en el Registro Público como el dueño de Pefraco, una empresa fantasma con contratos por más de 121 millones de pesos durante el Duartismo.
En cuanto a César “N” y Jorge “N” aparecen como dueños de la empresa Cerene, igual vinculada a operaciones comerciales simuladas; lo mismo Raúl Antonio “N”, dueño de otra empresa favorecida con contratos.
En el caso de Víctor Manuel “N”, se le señala de fungir de representante legal de otras empresas fantasma.
