Veracruz no ha tenido suerte con los últimos diputados locales, los que por cada legislatura que termina, van perdiendo prestigio, estatura e importancia en la sociedad. Se dice que algunos de los actuales “representantes” populares llegaron a sus escaños gracias a la suerte que les deparó una sorprendente tómbola obradorista y otras cositas más. Y es muy probable que este “democrático” mecanismo seleccionador continúe hasta el año 2024.
La legislatura de los años morenistas ha brindado ruidosas escaramuzas: fuera para quitar a Winckler, el fiscal incómodo; fuera para colocar a su sucesora o, esta semana, para modificar la constitución local y conseguir un aparente borrón y cuenta nueva para Cuitláhuac García y para el pauperizado organismo electoral de la entidad. Pero lo que no se dice mucho, es que esa reforma será combatida con una acción de inconstitucionalidad (art. 105, fracc. II CPEUM). Ahora dependerá de que los constitucionalistas invoquen los argumentos de la argumentación jurídica mas sólidos y contundentes para facilitar a la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) una resolución que les haga ver la cruda realidad carnavalesca a los heroes diputados. De momento, sus jefes máximos andan desatados haciendo campañas políticas con recursos públicos del DIF y otras dependencias. Siguen en su fiesta.
Con tales tareas y con brutales legisladores, a nadie de esa “honorable” institución le inquietaron los señalamientos y la exhibición nacional que le dio la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe de Resultados de la cuenta Pública 2018, publicado hace menos de tres meses.
Si los altos señores del palacio legislativo no quieren leer los voluminosos informes, pueden irse directos al Informe Ejecutivo de un poco más de 300 páginas. (Ver informe completo). Ahí se reportan auditorías prioritarias, observaciones, montos por aclarar y hallazgos de fiscalización correspondientes a Veracruz y otras entidades federativas.
Desde luego que se necesita interés en conocer los avances de las auditorías, de las solventaciones y de las cuentas públicas del país. También debe tenerse alguna pericia para no perderse en los cientos de páginas que se leen solo en una computadora. Y debe contarse con un mínimo de conocimientos de administración, para entender esos miles de páginas que pueden leerse libremente, gracias a los avances de la transparencia nacional.
El referido Informe es generoso en mostrar incumplimientos y posibles actos irregulares de las entidades federativas, de los municipios, del gobierno federal, de instituciones diversas y de los congresos estatales.
Te puede interesar: REGODEO DEL CONGRESO: COROS Y CORIFEOS DECEMBRINOS
Allí se mencionan montos por aclarar por 203 millones de pesos de participaciones federales que la SEFIPLAN no entregó a los ayuntamientos, debido a ajustes arbitrarios aprobados en las altas esferas. También se especifican las graves irregularidades cometidas por 91.3 millones de pesos a cargo de la Universidad Politécnica de Huatusco y del Tecnológico Superior de Cosamaloapan. Observaciones por 72.2 millones destinados a la nómina educativa. O los millones de pesos que tienen al municipio de Agua Dulce como campeón del mal manejo de recursos federales para la seguridad pública.
También los 55.5 millones de pesos por aclarar del Fondo Regional; los 149 millones de participaciones federales y los 811 millones de pesos por aclarar del gasto federalizado programable en diversos fondos, los que ubicaron a Veracruz entre los cinco con más observaciones de auditoría, pero eso sí, con inigualables calificaciones crediticias divulgados entre periodistas y medios de comunicación fáciles a la genuflexión.
Se hace abundante referencia a la inutilidad de la Comisión Nacional de Protección a Periodistas, donde de 263 casos en el país, solo ha habido sentencia para dos de ellos, entendiéndose así la escasa marcha y resultados de esa comisión en Veracruz.
Dentro de los hallazgos inquietantes del trabajo de fiscalización de la ASF, el Informe detalla los siguientes, en los que nuevamente se incluye al estado de Veracruz. Que nueve congresos locales no cumplieron con el balance presupuestal sostenible, que siete congresos reportaron como no sostenible el balance presupuestario de recursos disponibles, y lo más delicado, que ocho congresos no están alineados al Sistema de Contabilidad Gubernamental, es decir que no cumplen con la Ley General de Contabilidad ni con las disposiciones del Consejo Nacional de Contabilidad (CONAC), fallas que pueden ser causa para no recibir recursos presupuestales. Medallita completa para Veracruz.
Te puede interesar: Austeridad morenista se quedó en discurso en Congreso de Veracruz
Ojalá y que las siguientes cuentas públicas vengan más limpias. Quizá sea momento para que Juan Javier Gómez Cazarín se aplique en tareas inherentes a la consolidación del Poder Legislativo, cuidando la obligación institucional y no solo la devoción política, como ha hecho hasta ahora.
¿O es que existe una razón oscura que explique esos incumplimientos de índole contable en el Poder Legislativo, más allá de la simple incompetencia profesional de funcionarios simuladores? Los titulares de SEFIPLAN y ORFIS tendrían que hacer aclaraciones precisas a los veracruzanos. Que no sea un ente opaco y omiso el que vigila y fiscaliza al Poder Ejecutivo del estado.
Si no hay respuestas, pregunten a la abuela.
