Las medidas extra de austeridad que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la crisis por el Covid-19 ponen en jaque a la Administración Pública Federal, de acuerdo con especialistas y afectados. Se trata de un recorte de 75% al gasto operativo de las instituciones, es decir, del capítulo 2000 referente a Materiales y Suministros, y el 3000 sobre Servicios Generales.
“Es un recorte bastante drástico. De acuerdo con un documento de la Organización Mundial de la Salud que ha estado documentando los recortes que se están haciendo debido a la pandemia y en los ajustes que se están encontrando en otros países, pues los recortes suelen ser del 30%”, enfatizó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
El 23 de abril de 2020, el presidente López Obrador emitió un decreto con nueve medidas de austeridad de aplicación urgente y categórica ante lo que llamó “la crisis mundial del modelo neoliberal, que sin duda nos afecta”.
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Aparte de la cancelación de aguinaldos y la reducción del salario hasta en un 25% para los altos funcionarios, ordenó que no se ejerciera el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y suministros. Esto también incluye lo supuestamente comprometido. Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, y las Secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.
“Este decreto reduce también la energía eléctrica, el gas, el agua, los arrendamientos de edificios, los servicios de instalación, la reparación y mantenimiento, o sea ¡es brutal! Van a aniquilar a la administración pública en los servicios más mínimos que le puedan dar a la sociedad. Estos recortes van a impedir que los servidores públicos realicen eficiente y eficazmente sus tareas. Es algo nunca antes visto”, dijo a Latinus Pedro Pablo Treviño, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el diputado, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de este año se aprobaron 615 mil millones de pesos para los capítulos 2000 y 3000, sin contar las instituciones que tienen trato excepcional.
En el primer trimestre de 2020 se ejerció 18.9% de los recursos, así que las medidas de austeridad sólo se podrán aplicar a casi 500 mil millones de pesos, a los cuales se les recortarán 374 mil millones de pesos.
Las tres secretarías más afectadas serán la de Educación Pública, la de Protección Ciudadana y la de Comunicaciones y Transportes.
Un centro de investigación que ya tomó la decisión de terminar el año con clases virtuales es el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en gran medida por el tijeretazo presupuestal.
“A qué le vamos a dar prioridad con el poquito dinero que nos quede. Le vamos a dar prioridad a los programas docentes, a los programas de enseñanza, incluyendo las becas para estudiantes. Nos va a afectar en el gasto para la biblioteca, nos va a afectar en el gasto cotidiano de operación, pero creemos que podemos, con las reservas que tenemos, funcionar virtualmente por el resto del año”, declaró Carlos Heredia Zubieta, profesor del CIDE.
Adelantó que los 26 centros públicos de investigación están en pláticas con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ante el recorte.
Asimismo, el diputado Pedro Pablo Treviño explicó que legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública buscarán una reunión con la Secretaría de Hacienda para exponer el tema.
Mientras tanto, Mariana Campos expuso que de acuerdo con el artículo 21, inciso C, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el gobierno federal tiene que enviar a la Cámara de Diputados una propuesta sobre la disminución de recursos, ya que la baja de ingresos por impuestos de este año supera el 3%.
“El 1 de abril, el Ejecutivo Federal envió un documento en donde actualiza su posición fiscal, la envió al Congreso y ahí pone que espera haya una caída en la recaudación de 4.5% este año, es decir, mayor al 3%; entonces, en teoría, de acuerdo con lo que dice esa ley, pues se tendrían que haber discutido con el Congreso, específicamente con la Cámara de Diputados, este tema de los recortes”, añadió.
El 22 de mayo, la subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez, y la oficial mayor de esa dependencia, Thalía Lagunas, giraron un oficio en el que advirtieron a las dependencias de la administración pública federal que sólo se podrán realizar movimientos presupuestales cuando se dé cumplimiento a la medida de austeridad señalada.
El 20 de mayo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, envió un oficio a la Oficial Mayor de Hacienda en el que asegura que a través de sus 213 órganos internos de control verificará que los servidores públicos responsables cumplan con el decreto presidencial y realicen las devoluciones en los montos instruidos.
