Aunque el gobernador Cuitláhuac García presume transparencia respecto a sus antecesores, y hasta se promueve como el mandatario más honesto del país, una plataforma de transparencia exhibió que su administración no está reportando el manejo de recursos públicos empleados para dar apoyos a la población por la contingencia sanitaria de COVID-19.

El morenista tampoco está informando sobre el manejo de programas públicos para hacer frente a la pandemia que al día de ayer, 10 de junio, había acumulado 5 mil 747 casos positivos y 893 muertos en la entidad.

Así lo dio a conocer mediante un comunicado la organización Transparencia Mexicana (TM), quien junto a Tojil A.C. anunció el Mecanismo de Seguimiento a Planes, Fondos, Programas y Acciones en el marco de COVID-19, conocido como #SusanaVigilancia, cuyo trabajo se ampliará hasta el periodo “post-Covid”. 

Junto a la entidad veracruzana están las entidades federativas de Morelos, Tabasco y Tamaulipas entre las más opacas hasta la fecha.

La organización advierte que se desconoce el buen manejo de los recursos y el origen, destino y uso de estos programas de apoyo. Según TM, representa un riesgo adicional ante el inicio del periodo electoral 2021, pues los recursos podrían ser desviados con fines electorales.

En el cuadro comparativo se puntualiza que en el caso de Veracruz no hay estimación sobre el monto de deudas públicas publicadas en sitios web oficiales del Gobierno Estatal, tampoco publica lo relacionado al monto de recursos otorgados o por otorgar mediante créditos.

#SusanaVigilancia dará seguimiento a las acciones y los recursos ejercidos por estados y la Federación en la transición de la emergencia sanitaria y el periodo post-Covid

La administración de Cuitláhuac García adicionalmente es opaca al no publicar en su micrositio http://coronavirus.veracruz.gob.mx los contratos sobre compras y adquisiciones en el marco de la pandemia y sus efectos económicos y las autoridades no reportan cómo están ejerciendo el presupuesto para esta crisis.

La información agrega que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, en este periodo en el que todo el país se ubica en semáforo rojo por la contingencia sanitaria, han activado mecanismos de deuda pública, créditos, apoyos económicos o estímulos fiscales de cara a la reactivación y recuperación económica post-covid. 

“A diferencia de los recursos presupuestarios, estos instrumentos pueden generar obligaciones que trascienden el ejercicio fiscal 2020. En el caso de la deuda supone obligaciones para más de una generación de mexicanas y mexicanos”, se advierte en el comunicado.

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Transparencia Mexicana y Tojil, una organización civil mexicana especializada en el análisis y definición de estrategias contra la impunidad, agregan que la primera revisión de los instrumentos que prevén los gobiernos estatales y la Federación permitió identificar que solo Jalisco y Guanajuato han publicado información sobre la deuda adquirida por el estado para financiar la recuperación económica. 

“La deuda contratada por estos dos estados en este tipo de instrumento de financiamiento es de más de 11 mil 720 millones de pesos”, precisan.

Además señalan que solo cuatro gobiernos estatales publican información suficiente para estimar el total de los créditos para empresas, entregados o por entregar, los cuales son Coahuila que informa sobre 800 millones de pesos (mdp), Puebla sobre 540 mdp, Sonora por 185 mdp y Zacatecas por 70 mdp. Los créditos de estos cuatro estados suman más de 1500 millones de pesos.

Ahondan que Coahuila y Puebla se integraron al grupo de estados que han comenzado a publicar información sobre las contrataciones de bienes y servicios que han realizado los gobiernos en el marco de COVID-19; sin embargo, son 11 estados que representan un tercio de las entidades federativas del país, los que están transparentando las contrataciones públicas. 

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Para Transparencia Mexicana y Tojil la información publicada por los Ejecutivos de esas entidades en muchos de los casos es deficiente, confusa o incompleta. 

“La opacidad en las adquisiciones y obras vinculadas con la emergencia y sus consecuencias representa un riesgo latente de corrupción: 21 estados del país se mantienen en mayor riesgo de corrupción al no publicar información sobre la forma en que están realizando contrataciones”, acotan.

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