José Antonio Flores Vargas
Las mediciones realizadas por el INEGI en 2015, indican que cuatro estados de la república son los que tienen a la población con menor ingreso mensual del país. Los hogares de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, ocupan los últimos lugares nacionales, con respecto a los ingresos mensuales recibidos.
En promedio, los hogares de Veracruz recibieron en 2015, un poco menos de 10 mil 500 pesos mensuales, mientras que los de Nuevo León (el primer lugar en la lista del INEGI), tuvieron ingresos por arriba de 22 mil pesos mensuales.
Sin duda, éste es el mayor problema que presenta Veracruz. Debemos entender que una familia que sufre para dar de comer a sus integrantes, muy poco podrá hacer para llevarlos a un desarrollo óptimo en su educación, en su salud y en sus posibilidades de progreso.
De ahí que los programas, obras y acciones que esté pensando Miguel Ángel Yunes Linares, para integrar su plan de gobierno de dos años, tendrán que tener como objetivo primordial, el de mejorar la situación crítica que viven las familias con ingresos más bajos, reportadas por el INEGI.
Esto quiere decir que las inversiones, las obras de infraestructura, la seguridad, los hospitales y prácticamente todo lo que se apruebe, deben incidir y aterrizar en beneficio de las familias veracruzanas.
Hace poco menos de seis años, la pobreza veracruzana, se convirtió en el argumento motor del gobierno duartista. Su Plan Veracruzano de Desarrollo, realizado con influencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estableció como meta principal en materia social, “abatir la pobreza extrema a la mitad”, procurando “atender a los 100 municipios con menor Índice de Desarrollo Humano.”
Sin embargo, al final del sexenio de la decepción total, los veracruzanos se percataron de que en el gobierno de Javier Duarte, este aspecto sólo se cubrió en los 100 funcionarios, políticos y empresarios, con mayor índice de deshonestidad insultante y soberbia, que lo acompañaron, quienes gracias a la ley del monte, alcanzaron niveles de riqueza insultante.
Por esa razón, en los pasillos del poder y en las conversaciones de café, se habla de encarcelamientos e inhabilitaciones a gran escala, mientras el gobierno entrante, tratará de ver de dónde saca recursos para echar a andar la maquinaria destartalada que le dejaron.
Será importante en los especialistas que redacten el plan estatal de desarrollo para 2017 y 2018, que observen con objetividad los alcances que pretendan incorporar en el documento rector de la planeación de ese gobierno.
Que tengan en cuenta la escasez de recursos presupuestarios y que no empiecen a tener ensoñaciones de planificación. Que estén conscientes de que se necesita reordenar la administración, con la mayor austeridad y honestidad, más que hacer anuncios espectaculares que después se conviertan en decepciones bianuales.
Una de las actividades primordiales, será dilucidar la veracidad de los miles de “documentos de cobro atrasados” por “obras realizadas”. Papeles que pueden esconder delitos de cuello blanco o ser documentos falsos, del tipo “Panama papers o Animal Político”, o completos expedientes de obras de calidad ínfima, cuya durabilidad pudiera ser cuestionable.
En las circunstancias en que se encuentra la hacienda pública de Veracruz, el gobierno de dos años que viene, debe enfocarse en el reencauzamiento de las actividades productivas en todo el territorio.
Para esto, será indispensable la participación económica del gobierno federal, así como la permanente promoción de la inversión privada, detonadora de empleo y desarrollo, basada en un clima de transparencia y honestidad gubernamental, seguridad pública y tranquilidad ciudadana.
Buen gestor, mejor administrador, y pertinaz vigilante del buen uso de los recursos existentes.
