El Gobierno de Veracruz sigue destacando por su opacidad en el manejo de recursos públicos para enfrentar la pandemia de COVID-19.
Las contrataciones que ha hecho la administración de Cuitláhuac García para atender la contingencia y los apoyos entregados como los créditos, son cuestionados por su falta de transparencia.
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Lo anterior según el mecanismo de seguimiento a planes, fondos, programas y acciones –conocido como “Susana Vigilancia”.
En su último informe, la iniciativa ciudadana señala que en Veracruz no se están transparentando apropiadamente las contrataciones gubernamentales, aunque ya pasadon 4 meses del primer contagio de COVID-19 en México.
“Es inaceptable que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán no se puedan consultar las contrataciones realizadas en un contexto de emergencia”.
Susana Vigilancia criticó que no se detalle ni siquiera el bien o servicio contratado, el monto, la razón social y RFC del proveedor.
“Aunque con diferentes niveles de información y de apertura de datos entre los 11 estados que sí publican, se han ejercido más de 4 mil 500 millones de pesos en contrataciones por COVID-19”, expuso Transparencia Mexicana y Tojil.
Al respecto, también alertaron que los créditos a empresas y productores no son transparentes en la mayor parte del país, pues sólo en nueve 9 es posible estimar los recursos financieros totales que se entregarán en forma de créditos.
Se trata de Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora y Zacatecas, los cuales otorgaron más de tres mil millones de pesos en créditos, es decir que una vez más Veracruz destacó por no aportar información sobre este tema.
Entre otros puntos, Susana Vigilancia añade que a nivel nacional tampoco hay homogeneidad sobre la información publicada en los micrositios estatales sobre la contingencia, añadiendo que 12 estados tienen dos o más micrositios especializados, lo que genera dispersión de la información sobre los actos de autoridad.
Se añade que sólo 20 entidades publican información que permita estimar cuánto destinarán a la emergencia y sus consecuencias económicas, identificado, en páginas oficiales de los estados, recursos por más de 28 mil millones de pesos.
En total, entre Federación y 20 estados de la República, se estima un presupuesto de más de 650 mil millones de pesos para la contingencia de COVID-19.
En cuanto a los gobiernos estatales que han adquirido deuda para abordar este tema, Guanajuato y Jalisco publican los montos más de 11 mil millones de pesos, el resto, incluida la Federación, han sido omisos en la publicación de montos de deuda en sus micrositios oficiales de COVID-19.
En ese sentido se destaca la ausencia, y hasta omisiones, de los Congresos locales en términos de fiscalización.
“En la emergencia, los órganos legislativos no han usado su facultad de fiscalización a los poderes ejecutivos en términos de seguimiento al uso de recursos para atender la emergencia y mitigar sus efectos. De los 34 órganos legislativos, sólo dos han activado mecanismos de fiscalización. Los congresos de Sonora y Coahuila activaron comisiones de vigilancia. Sonora, además, es el único estado que ha activado una auditoría especial para vigilar los recursos ejercidos por COVID-19”.
